Este día, la Comisión de Fomento Agropecuario aprobó, por unanimidad, el dictamen del punto de acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal y a la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado a efecto de que se establezcan, en sus respectivos ámbitos de competencia, un fondo de contingencia para el Estado de Guanajuato que permita aumentar la cobertura en eventos extremos declarados por las autoridades competentes buscando robustecer la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a desastres agroclimáticos, complementando el seguro agropecuario vigente; así como incorporar un esquema escalonado de indemnización agrícola para que el seguro catastrófico agrícola sea más justo, proporcional y técnico considerando las diferencias reales entre cultivos, costos productivos y vulnerabilidad climática.
También, se aprobó por mayoría la propuesta dirigida a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que amplíe la cobertura territorial del Programa Integral de Producción de Carne a entidades federativas que, como Guanajuato, han demostrado esfuerzos sostenidos en materia de sanidad y control zoosanitario. Lo anterior, con el propósito de reconocer su compromiso, fortalecer la competitividad de la ganadería nacional y avanzar hacia una política integral que otorgue mayor resiliencia y proyección internacional a la industria cárnica mexicana. Asimismo, se solicita considerar la inclusión de aquellas entidades del país con producción ganadera, a fin de garantizar que los beneficios del programa se traduzcan en el impulso equilibrado para el sector pecuario de todo el país.
Al hacer uso de la voz, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor argumentó que la definición de la cobertura territorial de los programas federales es una facultad exclusiva de planeación y programación presupuestaria del Poder Ejecutivo Federal. Señaló que el Congreso local debe actuar con responsabilidad institucional y respeto al federalismo y que pretender incidir en decisiones administrativas federales excedería las facultades constitucionales de la legislatura estatal.
En su intervención, la legisladora Rocío Cervantes Barba indicó que la naturaleza de un exhorto no es la de instruir u obligar a la autoridad federal, sino la de realizar una invitación formal para que se valore la inclusión de más entidades, sin que ello represente una invasión de facultades, sino un ejercicio de gestión en favor del sector productivo.
En otros temas, se acordó dictaminar en sentido positivo el punto de acuerdo para exhortar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que, instruya se revierta la determinación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de noviembre de no considerar estímulos fiscales a la gasolina y al diésel destinados a los sectores pesquero y agropecuario.
De igual manera, para que, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º de la Ley de Energía para el Campo, disponga que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinen las acciones necesarias para establecer precios y tarifas de estímulos aplicables a los energéticos agropecuarios, tomando en consideración las condiciones económicas y sociales prevalecientes, a fin de garantizar un marco de apoyo congruente, oportuno y acorde con las necesidades actuales del sector productivo primario.
El congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó su oposición al exhorto, argumentando que la determinación de establecer en cero el estímulo fiscal responde a una política de disciplina financiera y estabilidad presupuestaria coordinada por el Ejecutivo Federal, aunado a que la reducción en los precios internacionales del crudo ha generado una disminución natural en los costos de las gasolinas y el diésel y que la política pública federal ya contempla las variables económicas necesarias para proteger a las unidades productivas sin comprometer la salud de las finanzas públicas nacionales.
Mientras que el legislador Roberto Carlos Terán Ramos calificó como razonable y jurídicamente sustentada la petición de reintegrar los estímulos fiscales para los sectores pesquero y agropecuario, además de resaltar que el combustible es un insumo crítico para la operación de maquinaria, sistemas de riego y transporte, por lo que su encarecimiento impacta directamente en la seguridad alimentaria del país y en la economía de miles de familias que dependen del sector primario.
Por su parte, la diputada Rocío Cervantes Barba externó que el acceso a energéticos a precios previsibles es indispensable para preservar la viabilidad de la producción primaria, ya que cualquier incremento se traslada al precio final de los alimentos, afectando el poder adquisitivo de la población y la soberanía alimentaria de la nación, por lo que la eliminación de los estímulos fiscales publicada el 21 de noviembre contraviene el espíritu de apoyo diferenciado al campo reconocido en el marco jurídico vigente.
A su vez, se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo de la propuesta dirigida a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno federal para que realice un análisis integral de las implicaciones que los niveles de producción observados en el mercado internacional y la reciente caída del precio internacional del maíz tienen sobre el ingreso, la rentabilidad y la viabilidad económica de las y los productores del país. Y se impulsen acciones orientadas a la protección del productor nacional.
Al hacer uso de la voz, la legisladora Plásida Calzada Velázquez precisó que la política agroalimentaria federal para el periodo 2025-2035 ya establece objetivos claros para consolidar la soberanía alimentaria y el bienestar de los productores de pequeña y mediana escala. Añadió que tomando en cuenta el análisis técnico de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso, no se encuentra una procedencia necesaria del exhorto, sumado a que los precios dependen de factores internacionales y logísticos ya atendidos.
Por su parte, la congresista Rocío Cervantes Barba señaló una falta de respuesta de la delegación en Guanajuato de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ante las solicitudes de opinión de este Congreso, situación que refuerza la necesidad de exigir un análisis técnico, sólido y actualizado que permita diseñar políticas públicas eficaces y evitar la descapitalización o el abandono de la actividad productiva.
También, se aprobó la metodología de la iniciativa de reforma a la Ley Ganadera para el Estado de Guanajuato, a fin de incluir facultades a la autoridad municipal para vigilar y supervisar el transporte de la carne para consumo humano con la finalidad de disminuir las infecciones gastrointestinales y una posible intoxicación masiva, por el consumo de carne descompuesta o contaminada.
Se acordó pedir opinión a la Secretaría del Campo; a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; al Tribunal de Justicia Administrativa; a la Unión Ganadera de Porcicultores de Guanajuato; a la Unión Ganadera Regional de Guanajuato; y a los 46 ayuntamientos del estado de Guanajuato.
Asimismo, se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato un análisis de factibilidad jurídica y su opinión de la propuesta. También se subirá a la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana. Posterior a ello, se realizará una mesa de trabajo con las autoridades consultadas.
En asuntos generales, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos denunció las recientes disposiciones del gobierno federal que imponen nuevos requisitos burocráticos y técnicos para que los productores agrícolas mantengan el acceso a la tarifa preferencial de energía eléctrica y que, de no corregirse estas medidas, los recibos de electricidad para riego podrían incrementarse hasta en un 95%, lo que haría insostenible la producción de alimentos y vulneraría la soberanía alimentaria del país.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Rocío Cervantes Barba (presidenta), Plásida Calzada Velázquez y Noemí Márquez Márquez; así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Roberto Carlos Terán Ramos.