En mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se dialogó sobre la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, con la finalidad de incorporar disposiciones de la llamada “Ley Silla”.
La propuesta busca garantizar que quienes laboran en oficinas gubernamentales, áreas administrativas o de atención al público, tengan derecho a periodos de descanso y a contar con sillas con respaldo durante su jornada laboral, evitando que deban permanecer de pie de manera continua.
El diputado Rodrigo González Zaragoza comentó que se trata de un tema de salud, seguridad y justicia; una acción concreta que busca proteger a quienes por años han sido invisibilizados; que desde el 27 de junio de 2025 es exigible en el país, y que se debe seguir avanzando en la materia.
Apuntó que se dieron 180 días para su implementación, por lo que se debe quitar la idea de que es mala imagen estar sentado en un trabajo y hacer justicia para que todas y todos tengan un espacio digno para sentarse.
Se comentó que es viable en lo general, al tratarse de una homologación con la Ley Federal del Trabajo; que las personas subcontratadas no se encuentran contempladas en la norma dentro del régimen laboral burocrático; considerar la incorporación en la citada norma de las pausas activas para quienes lo requieran y pasen, al contrario, la mayor parte del tiempo sentados.
La diputada María Eugenia García Oliveros refirió que acompañarán la reforma, al considerar que es necesario para garantizar los derechos de los trabajadores y su salud; mientras que el legislador Juan Carlos Romero Hicks manifestó que hay coincidencia en la mayor parte y aspectos que mejorar, instruyendo la elaboración del dictamen en sentido positivo.
En los trabajos de la mesa participaron los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Rodrigo González Zaragoza; y la congresista María Eugenia García Oliveros; así como funcionarios de la Consejería Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto Estatal Electoral, de la Secretaría de los Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Legislativas y personas asesoras parlamentarias.