El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato con el objeto de establecer que toda persona tiene derecho a la ciudad.

Además, precisar que el Estado garantizará su cumplimiento mediante el desarrollo de políticas, planes y programas orientados al usufructo equitativo de los bienes públicos y la justicia territorial, para habitar, utilizar, producir, transformar y disfrutar ciudades, pueblos o asentamientos inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, que aseguren los recursos y condiciones necesarias para una vida digna.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra se refirió al concepto de derecho a la ciudad, así como sus orígenes. Mencionó que en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se propone un concepto amplio, que retoma principios para la promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

El legislador manifestó que la propuesta busca que se orienten acciones de gobierno específicas vinculadas con la gestión y la planeación urbana. Agregó que, el Derecho a la Ciudad es un concepto que promueve la transformación del espacio urbano en un entorno inclusivo y equitativo, en el que todos sus habitantes, sin ninguna condición de discriminación, puedan participar activamente en la planificación, desarrollo y disfrute de la ciudad.

Márquez Becerra precisó que ese derecho implica una reapropiación del espacio público, entendido no solo un lugar físico, sino como un espacio de índole social en el que se deben garantizar las libertades fundamentales de expresión, movilidad y participación.

El congresista apuntó que defender ese derecho busca la reivindicación de modelos de ciudades más justas e igualitarias en las que las decisiones de gestión del espacio público se realicen con la participación ciudadana bajo la protección y respeto a las tradiciones de los pueblos y comunidades.

Finalmente, señaló que con el Derecho a la Ciudad se busca garantizar que los entornos urbanos sean espacios donde se respete la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas; y que debe ser entendido como una herramienta para combatir las desigualdades y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de planificación y gestión del desarrollo.

“Promovamos ciudades libres de discriminación, en las que se adopten todas las medidas necesarias para el pleno desarrollo de mujeres y niñas; ciudades para todas las personas; ciudades accesibles y asequibles; ciudades con espacios y servicios públicos de calidad; ciudades con economías diversas e inclusivas; ciudades multiculturales, sostenibles; en las que se respete la pluralidad, en las que dialoguemos en tolerancia”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.