El diputado Ernesto Millán Soberanes presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato -ASEG-, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar.
En la propuesta se pide que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, la que deberá incluir al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.
Asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado, si la contraloría del municipio de Cortazar inició proceso alguno derivado de las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021.
El congresista manifestó que, bajo el cobijo del gobierno estatal, varios presidentes municipales se habían dado a la tarea de hacer movimientos extraños de las finanzas de sus municipios, otorgando apoyos ilegales a amigos, beneficiando a empresarios y realizando actos de corrupción.
En ese sentido, precisó que su grupo parlamentario ha votado reiteradamente en contra de los dictámenes que aprueban las auditorías a las cuentas públicas de los municipios, por la carencia de información, el bajo porcentaje de revisión y la falta de solicitudes de castigos a quienes hayan cometido actos ilícitos.
Millán Soberanes se refirió a la administración municipal de Cortazar, en donde hubo reelección, y dijo que, de acuerdo con las auditorías de la ASEG, se han detectado múltiples anomalías que han afectado a las arcas municipales y, por ende, a la de los bolsillos de todos los cortazarenses.
Entre los presuntos malos manejos mencionó la compra directa, sin licitación, de vehículos por un monto de 1 millón 275mil pesos, que se hizo de manera ilegal, señaló, y favoreciendo a una empresa con apenas un año de haberse constituido; así como una simulación de la elaboración de varios manuales para la Unidad de Transparencia del municipio, por los que se pagaron 464 mil pesos a un particular, sin embargo, el titular de dicha unidad, en el momento de la auditoría, dijo que no conocía ni reconocía la personalidad de la prestadora del servicio.
Después de hablar sobre otras situaciones que consideró anómalas, el legislador subrayó que la opacidad con la que se ha manejado la actual administración iba desde se actual secretario de ayuntamiento hasta el alcalde, quienes además obstaculizaban el trabajo que pretenden realizar las regidoras de oposición.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.