Con el objeto de considerar como falta grave de los servidores públicos el que estos sean omisos en dar mantenimiento a las vialidades, la diputada Plásida Calzada Velázquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Al presentar la propuesta, la congresista comentó que siendo las vías de comunicación indispensables y necesarias para que los gobernados tengan un nivel de vida adecuado, se requiere de su construcción, pero también del actuar permanente de la autoridad sobre estas, pues deben darles mantenimiento continuo.
Refirió que, si bien no está establecido textualmente en la Constitución Política federal que las carreteras en buen estado son un derecho, sí se infiere que una vez que las vías públicas se construyan, los tres niveles de gobierno deben garantizar el derecho de vialidad a sus gobernados y conforme las vías sufran daño, se les debe dar mantenimiento.
Agregó que, al ser omisa la autoridad, se vulneran los derechos humanos de las personas, aunado a que se violenta el principio de progresividad. En ese sentido, manifestó que lo que en realidad se encuentra es que la autoridad, especialmente la municipal, es omisa en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las personas, pues no suelen construir vías de comunicación y cuando lo hacen dejan de darles mantenimiento.
Calzada Velázquez ejemplificó con casos como en Tierra Blanca donde por años, remarcó, han dejado de darse mantenimiento en diversas vialidades, y que ese caso se repetía en todos los municipios.
Finalmente, apuntó que se pretende establecer que incurrirá en falta administrativa grave la persona servidora pública que, teniendo las atribuciones legales directas de decisión, ejecución o supervisión, así como disponibilidad presupuestal y material razonablemente acreditable, omita de manera grave, reiterada, sistemática o injustificada realizar acciones de conservación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura para la movilidad previstas en planes, programas, diagnósticos técnicos, instrumentos de planeación o presupuestos autorizados.
De igual manera, precisar que los Órganos Internos de Control deberán verificar de manera periódica el cumplimiento de los programas de mantenimiento de infraestructura para la movilidad, así como dar vista a la autoridad investigadora cuando detecten omisiones que puedan constituir faltas administrativas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.