El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en apego a sus facultades constitucionales y legales, contemplen en el Presupuesto de Egresos  de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 el incremento de los recursos, del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, por su acrónimo FOFISP, en un monto que, como mínimo,  permita a las autoridades locales recibir recursos en términos reales a los que se les transfería través del fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios, por su acrónimo FORTASEG.

Al hacer uso de la voz, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo expresó que los recursos de la política social se deben utilizar para combatir la pobreza y la desigualdad, además de que el fortalecimiento de las instituciones policiales no depende de que se asigne una mayor cantidad de recursos.

Agregó que a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en el 2019 le sobraron 506 millones de pesos por subejercicio, mientras que en 2020 el monto fue de 542 millones de pesos, en 2021 fue de mil 156 millones de pesos y en 2022 se registró un subejercicio de mil 306 millones de pesos, por lo que no hay una razón justificada para pedir más recursos.

El congresista concluyó su mención indicando la existencia pruebas de que el esquema del FORTASEG no funciona debido a que por este tema se promovieron responsabilidades administrativas, sancionatorias en el municipio de León por establecer contratos no adecuados, no informar el destino de los recursos y que incluso se tuvo que reintegrar 258 mil pesos.

Por su parte, el legislador Jorge Ortiz Ortega indicó que el FORTASEG ayudaba a tener capacitación de los elementos, el pago de exámenes de control y confianza, inversión en infraestructura, tener armamento, manuales, patrullas, entre otras cosas, donde los recursos se necesitan para tener corporaciones municipales eficientes.

Finalmente, la diputada Lilia Margarita Rionda Salas externó que los elementos de seguridad tienen derecho a tener salarios dignos, prestaciones laborales adecuadas y la posibilidad de llegar a salvo a sus hogares, lo que implica gastos en equipamiento, capacitaciones y demás aspectos que se relacionan con tener un presupuesto que brinde la importancia debida en materia de seguridad.

La propuesta fue aprobada por mayoría de votos.