Esta tarde, en mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se profundizó sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado, a efecto de generar una política pública para la prevención del suicidio.
Los participantes refirieron que no era viable la propuesta, ya que, debido a las disposiciones en el marco normativo federal, el Congreso de la Unión de manera norma las leyes sobre salubridad en general en toda la República Mexicana.
Se mencionó que, la Ley General de Salud, tiene la naturaleza de general y desarrolla las competencias entre los órdenes de gobierno; que la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud integral y gratuita, se establecen de manera armónica en la Ley de Salud estatal.
Finalmente, se manifestó que la iniciativa pretende integrar y coordinar el Sistema Integral para la Prevención del Suicidio, adecuando los marcos normativos locales pero al mismo tiempo se debe ratificar que la salud mental y la prevención de las adicciones tienen un carácter prioritario dentro de las políticas de salud y se brinda su atención conforme lo establece la Constitución federal.
Al concluir, el congresista Juan Carlos Romero Hicks apuntó que se seguirá con el espacio de deliberación en una búsqueda de armonización, porque cuando ocurren esas circunstancias, aparte de la pérdida, existe una caja adicional en la parte personal y familiar que daña la dinámica personal, familiar y comunitaria por preguntas de qué hicieron y qué dejaron de hacer; y cuando alguien recurre a esa medida extrema es porque en general la cadena de protección y de apoyo falló.
En los trabajos de la mesa participaron los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Rodrigo González Zaragoza; y la congresista María Eugenia García Oliveros; así como funcionarios de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Salud y personas asesoras parlamentarias.