La Comisión de Fomento Agropecuario realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola para el Estado de Guanajuato, en materia de reconversión de esta actividad con una perspectiva de producción, mejora económica y de derechos de las personas en el medio rural y la igualdad de la mujer, así como el equilibrio que debe prevalecer para abatir la desigualdad entre las zonas rurales de menor desarrollo agrícola y económico.
Al hacer uso de la voz, María de Lourdes Ramírez Segura, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, indicó que es recomendable complementar la redacción refiriendo al cuidado de los recursos naturales y protección a los ecosistemas derivado de que la expansión de la frontera agrícola hacia los terrenos forestales es una de las principales causas de afectación, además de que en caso de querer incorporar el concepto de pueblos y comunidades indígenas se tendría que desahogar el proceso de consulta a este sector.
Agregó que las modificaciones deben considerar la definición de desarrollo rural sustentable y el principio de expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura hidrológica y de tratamiento para el rehúso del agua, así como el desarrollo de la electrificación y los caminos rurales. También señaló que se debe sustituir el concepto de campesinos por agricultores.
En su intervención, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos expresó que es de suma importancia cumplir con los principios que sustentan a los derechos humanos, como lo es la igualdad de oportunidades para las personas del sector agropecuario, por lo que dijo estar a favor de la iniciativa por el bien del campo guanajuatense.
Finalmente, la legisladora Rocío Cervantes Barba agradeció las aportaciones realizadas que enriquecen el análisis en el proceso de dictaminación e instruyó la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido positivo.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Rocío Cervantes Barba y Plásida Calzada Velázquez; así como el diputado Roberto Carlos Terán Ramos. En compañía de María de Lourdes Ramírez Segura, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo.