En mesa de trabajo, la Comisión para la Igualdad de Género analizó dos iniciativas con la participación de distintas dependencias y organismos estatales.
Responsabilidad del Centro de Justicia para Mujeres
La primera de ellas consiste en reformar la Ley Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y tiene como finalidad armonizar la norma local con con la ley general en la materia, con el objetivo de que la responsabilidad del Centro de Justicia para Mujeres en Guanajuato pase de la Fiscalía General a la Secretaria de Gobierno.
Al respecto, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, indicó que la iniciativa adolece de un estudio de impacto presupuestal y manifestó que esta observación es compartida por distintas dependencias estatales.
Alma Delia Camacho, del Poder Judicial del Estado señaló que la iniciativa es aceptable; sin embargo compartió el señalamiento de que no se cuenta con un análisis de los recursos.
Sandra Berenice Medina Herrera, de la Fiscalía General del Estado expuso cuál es la operación actual del Centro de Justicia para Mujeres en Guanajuato, instancia dependiente del citado órgano autónomo. Agregó que esta institución se encuentra en constante monitoreo por parte de diversas instancias; así como que todo el personal que trabaja en él está capacitado y actúa con base en el modelo nacional establecido.
Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Alejandro Sierra Lugo, indicó que los términos planteados por la propuesta no representan una armonización. Agregó que la propuesta va más allá de la Ley General y se invaden las competencias del Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación federal; sostuvo además que las atribuciones de las depndencias no son claras en la iniciativa.
Aurora Saori Sugita Verver, de la Secretaría de Salud, informó cuáles son las acciones que se realizan en la Secretaría de Salud para dar atención médica y psicológica inmediata a las mujeres que viven violencia.
En tanto, Viviana Cifuentes, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, indicó que la Fiscalía es el ente especializado en los delitos contra las mujeres, por lo que resultaría preocupante que otros organismos adopten la función de atender el Centro.
Christian Román y Adriana Zavala Baeza, de la Secretaría de Gobierno, advirtieron que la iniciativa es, en parte, una copia de la ley general sin realizar un ajuste preciso a la realidad local, opinión en la que coincidió José de Jesús Pérez López, representante de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Daniela Porras Gallegos, de la Secretaría de Educación, sugirió clarificar los alcances de la armonización, mientras que Luis Antonio Azuara, representante de la Secretaría de Seguridad Pública, coincidió en las opiniones vertidas anteriormente y sostuvo que se debe tener precaución con la posible invasión de atribuciones de la Fiscalía y el Congreso de la Unión.
Al hacer uso de la voz, la diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena indicó que si bien se trabaja para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas guanajuatenses, se considera inviable la propuesta, en razón de que se deja de observar la existencia jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, cuya administración, dirección y coordinación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, no se considera la naturaleza de la ley local.
Finalmente, la asesora de Morena Nirvana Ortiz Navarro afirmó que no es posible sostener la inviabilidad de la propuesta hasta en tanto no se cuente con un análisis del impacto presupuestal e indicó que siempre que se abone en avanzar en materia de protección a las mujeres se respaldará las modificaciones que deban generarse en la propuesta.
Integración del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
La segunda iniciativa tiene como finalidad incluir a la persona que presida el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato como integrante del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como emplear un lenguaje incluyente en el artículo correspondiente.
La diputada Desiree Ángel Rocha señaló que esta integración ya es una realidad en otras entidades y que la presencia de una persona representante permitirá contar con una mayor atención a la violencia política de género.
La Procuraduría de los Derechos Humanos, en voz de Luis Alberto Estrella, se pronunció a favor de emplear el lenguaje incluyente, pues es un elemento que contribuye a construir una sociedad más igualitaria.
Por parte de la Coordinación General Jurídica, Magdalena Esquivel Aguilar, afirmó que la incorporación del lenguaje incluyente requiere un análisis más amplio y no sólo ser considerado en un solo artículo para evitar romper la sistemática de la ley. Relativo a la integración indicó que la reforma no es correcta pues la Ley del Instituto no considera las atribuciones que se proponen.
La magistrada Yari Zapata López, del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato,precisó que se fortalecerían las acciones en materia de violencia política de género con la inclusión de la persona que preside el Consejo General del Instituto.
La diputada Martha Hernández Camarena coincidió en que la iniciativa sólo considera incluir el lenguaje incluyente en un artículo, lo que rompe con la sistemática del ordenamiento; agregó que con la propuesta tal y como la plantean las iniciantes se trastoca la propia naturaleza del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), pues no se analiza la compatibilidad entre la naturaleza jurídica y atribuciones del IEEG, con las facultades del Consejo Estatal.
En tanto, la legisladora Desiree Ángel Rocha, solicitó enfocar el análisis en la inclusión de la persona que preside el Consejo General del IEEG en el Consejo Estatal.
La diputada Yulma Rocha mencionó la necesidad de poner mayor atención la violencia política de género, pues en las próximas elecciones puede haber un aumento en su incidencia; en ese sentido indicó que es importante que en espacios como el Consejo se revise este tipo de violencia, para que se generen estrategias y propuestas para preevenir y atender la violencia política contra las mujeres.
Durante la mesa de trabajo se contó con la presencia de las diputadas Yulma Rocha Aguilar (presidenta), Martha Guadalupe Hernández Camarena y Desiree Ángel Rocha, además de representantes de organismos y dependencias estatales.