La Comisión de Justicia realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, para contribuir a mejorar las condiciones en que se realizan las labores de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica de gobierno del estado, señaló que existe una obligación de protección a las personas de Derechos Humanos y Periodistas, por contribuir en la visibilización de la injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos.

Por su parte, Elizabeth Durán Isaís, integrante de la Fiscalía General del Estado, mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen los trabajos de prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas del país, debido a que su labor impacta en el fortalecimiento de los escenarios de paz, respeto a los derechos humanos, transparencia, libertad de expresión y asociación.

En su intervención, Luis Alberto Estrella Ortega, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, indicó que se tiene coincidencia con fortalecer el Consejo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista y ampliar las acciones de medidas preventivas y de protección, además de incluir a quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas.

Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano pidió que se sometiera a consideración que se suprimiera el artículo transitorio que refiere al plazo para reformas disposiciones reglamentarias y también solicitó que una vez que se tenga la redacción con las aportaciones de los asistentes a la mesa de trabajo y del Poder Judicial, se comparta la última redacción antes de realizarse el dictamen.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez.

Además, las acompañaron Elizabeth Durán Isaís y Jonathan Moreno Becerra de la Fiscalía General del Estado; Vicente Vázquez Bustos y Abril Villegas Hernández de la Consejería Jurídica; y Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.