Convocada por la Comisión de Desarrollo Económico y Social se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una propuesta de punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal para que analice los impactos causados a consecuencia de la eliminación del Fondo Minero y, en su caso, reconsidere reactivarlo, con la finalidad de velar por el bienestar de los trabajadores mineros.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle manifestó que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero) se construyó con el objetivo de incentivar el desarrollo continuo de las comunidades ubicadas en zonas mineras beneficiadas y afectadas por su trabajo por medio de proyectos productivos con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, estableciendo la distribución de regalías entre los municipios ubicados en las zonas de extracción para fomentar el desarrollo y la infraestructura.
Asimismo, dijo que con su cancelación muchas comunidades dedicadas a esa actividad tuvieron un retroceso de índole económico.
En su intervención Alejandro Ramírez, asesor del grupo parlamentario de MORENA, precisó que no era necesario el exhorto, ya que la distribución del fondo minero se estaba llevando para todas las escuelas del país y consideraban que en el federalismo tenía que ser así. Subrayó que en el paquete fiscal 2021 y 2022 ya se había discutido, que dicho fondo había tenido bastantes irregularidades y que no existía un estudio sobre la relación directa entre el fondo y la pérdida de empleos.
Por su parte, Javier Lona, asesor del grupo parlamentario del PAN, enfatizó que era importante revisar el origen del fondo y su propósito, y manifestó que lo que había cambiado fue la instrumentación, porque se realizó la centralización de la política. Asimismo, indicó que resultaba equivocado castigar a Guanajuato por posibles anomalías cometidas en otros estados.
El diputado Alejandro Arias Ávila indicó que nadie podía estar en desacuerdo que un proyecto como el fondo minero tenía beneficios y que como cualquier otro pudiera tener alguna irregularidad, pero que no era válida la cancelación de un programa que no gustaba que hubiera funcionado en otro gobierno, argumentando lo de siempre y sin tener personas sancionadas por el asunto.
Agregó que nadie podía desconocer el impacto que tenía fundamentalmente para Guanajuato capital ese programa, que de seguirse poniendo en práctica tendría cerca de 50 millones de pesos y que servía para crear comunidad, proyectos de agua, luz, etcétera, en retribución del impacto que tiene la industria minera, y subrayó que muchas comunidades agradecerían que volviera a estar vigente.
Finalmente, el legislador Miguel Ángel Salim Alle, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, instruyó a la secretaría técnica la elaboración del dictamen en sentido positivo.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Miguel Ángel Salim Alle y Alejandro Arias Ávila; así como asesores de los grupos parlamentarios del PAN, MORENA y PRI.