En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen, en sentido negativo, de diversas iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de derecho a la vida.
Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Carlos Romero Hicks mencionó que el tema se ha estado deliberando en cinco comisiones por la gran valía de las iniciativas por abarcar aspectos sensibles y profundo de la vida. Así como señalar que el dictamen contiene aspectos de tratados internacionales, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la discusión continuará por muchas generaciones.
En su intervención, la legisladora María Eugenia García Oliveros manifestó que la Suprema Corte de la Nación ha sido clara al decir que el reconocimiento de la vida desde la concepción en normativas locales es inconstitucional por limitarse la autonomía de la vida reproductiva de las mujeres y personas gestantes, además de que el no despenalizar el aborto se está contribuyendo a ignorar la priorización de políticas públicas que protejan los embarazos deseados, combatan la mortalidad materna y garanticen la atención prenatal en lugar de criminalizar a las mujeres.
Al emitir opinión, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco mostró su inconformidad con el proceso legislativo que se llevó a cabo para llegar a la dictaminación por haber acordado saltarse las mesas de trabajo con las autoridades para irse directamente a la comisión para dictaminar, toda vez que las esas reuniones son una oportunidad para esclarecer dudas y que se realicen mejoras a los productos legislativos.
Agregó que las iniciativas que están puestas a discusión lo que pretenden son acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es necesario legislar con conciencia de género.
Por su parte, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla mencionó que el derecho a la vida es el derecho establecido como el más importante por ser el prerrequisito para que cualquier otro derecho se pueda llevar a cabo, por lo que para llevar a cabo el principio de progresividad es necesario fortalecer derechos en los que se incluye la protección de todas las mujeres, pero también de los no nacidos que están en el vientre, aunado a que en varios instrumentos internacionales se habla de garantizar dicho derecho.
Asimismo, la legisladora Susana Bermúdez Cano indicó que la temporalidad de 12 semanas de gestación establecida para la despenalización del aborto no se advierte que haya sido sustentada con datos científicos, ni que se haya tomado la opinión de expertos en el tema y que al no saber especificar a cuando se le considera al no nacido persona es que se sigue en la discusión por lo que cada vida humana debe ser acogida, respetada y protegida desde la concepción y hasta la muerte natural.
Al hacer uso de la voz, el congresista Rodrigo González Zaragoza consideró que estos debates en otros estados ya no son tema, porque las sociedades no son entes monolíticos que se quedan atascados, sino que están en continuo movimiento y cambio, junto a que el tema no se debe abordar desde la creencia individual, sino desde la perspectiva de lo que vive la ciudadanía día con día y que el aborto se trata de un tema de salud pública.
Finalmente, anunció su voto en contra y la presentación de un voto en particular, mismo que viene suscrito por la diputada María Eugenia García Oliveros.
En su intervención, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero dijo que ninguna mujer debe de ser criminalizada por tomar decisiones, pero que en lo referente al tema de la interrupción del embarazo la postura se engloba con la defensa de la vida y que deberían de ser las leyes secundarias las que deberían establecer los supuestos de una posible interrupción del embarazo.
En la reunión participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba y María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza. También se contó con la presencia de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y Sandra Alicia Pedroza Orozco.