La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, además de analizar diferentes iniciativas ligadas al robo en instituciones educativas y a la violencia familiar.
Se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, que tienen la finalidad de derogar los artículos que señalan la discapacidad intelectual como un impedimento para contraer matrimonio; mismo trámite se le dio a la iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guanajuato y de adición al Código Penal del Estado de Guanajuato, con el objeto de establecer específicamente la responsabilidad ambiental por parte de las empresas, así como las sanciones por incurrir en la comisión de delitos que dañen el medio ambiente.
Siguiendo con el orden del día, se analizaron las iniciativas de reforma del Código Penal del Estado de Guanajuato, que tienen relación de tratar como calificados los robos cometidos en instituciones educativas.
En sus intervenciones, los magistrados del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y los representantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Coordinación General Jurídica del Estado de Guanajuato, coincidieron en el objetivo de la iniciativa por cuidar los inmuebles donde se brinda el derecho a la educación, sin embargo, todas las partes consideraron que hace falta incluir a las instituciones particulares, además de cuidar que no se esté sobre regulando en fracciones que ya consideran puntos de la iniciativa de manera general.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que el robo a escuelas fue un delito muy concurrido en los dos años que transcurrió por el resguardo en casa por la pandemia del Covid-19, aunado a que se dijo a favor de contemplar en la redacción a las instituciones del tipo privado.
Por su parte, el legislador Gustavo Adolfo Alfaro Reyes dijo estar de acuerdo con ampliar las definiciones para contemplar a las escuelas privadas. También comentó que no se estaría sobre regulando en materia de robo calificado por la falta de acreditación en lugares que no sean espacios cerrados.
Para el congresista Bricio Balderas Álvarez es importante ser cuidadosos en el tema porque la finalidad loable de la iniciativa puede incurrir a sobre regular aspectos que ya se especifican en la ley, por lo que propuso mejorar la redacción para que se pueda cumplir de mejor manera el fin último que es velar por el derecho a la educación mediante el cuidado de los inmuebles públicos.
Finalmente, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá refirió que en virtud de los comentarios vertidos en la mesa, se harán cambios en la redacción para formular una mejor propuesta que incluya las escuelas privadas y que cuide no sobre regular el tema planteado. El proyecto de dictamen fue aprobado en sentido positivo.
También se analizó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para suprimir la palabra “análoga” de su redacción, por ser contraria al principio de legalidad que en materia penal es aplicable.
En su intervención, la magistrada Cristina Cabrera Manrique precisó que existe inviabilidad en las reformas planteadas, debido a que el quitar la palabra análoga se estaría dejando impune muchas agresiones físicas, verbales y de cualquier índole, por dejar sin protección a la población que vive en relaciones de carácter análoga.
Al hacer uso de la voz, Elizabeth Durán Isais, representante de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato expresó que el acceder con las modificaciones traería repercusiones negativas en materia de la protección de los derechos humanos, además de que se pondría en vulnerabilidad a todas aquellas mujeres que viven violencia en una relación distinta a la familiar.
Por su parte, el diputado Bricio Balderas Álvarez señaló la existencia de una confusión en el concepto análogo y que la supresión de dicha palabra estaría encareciendo la ley y tendría un detrimento en materia de violencia contra las mujeres. El proyecto de dictamen fue votado en sentido negativo.
Finalmente, se aprobó la solitud para llevar a cabo una mesa de trabajo para discutir la iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, en materia de protección a hijos menores de edad de madres víctimas de feminicidio y homicidio.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá, Susana Bermúdez Cano y los diputados Cuauhtémoc Becerra González, Bricio Balderas Álvarez y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Todos acompañados por representantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Coordinación General Jurídica del Estado de Guanajuato.