Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato para fortalecer el acceso a los servicios de salud de las personas buscadoras.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que con el propósito de contribuir a que las familias de las víctimas relacionadas con casos de búsqueda, reciban atención y seguimiento eficientes por parte de las autoridades de salud en sus ámbitos de actuación, se sugería dotar de competencia al Sistema Estatal para reconocer la participación y liderazgo de las personas en las labores de búsqueda y procesos judiciales conlleva altas sobrecargas físicas y emocionales que ponen en riesgo su salud.
“Con base en la naturaleza que actualmente tienen el Sistema Estatal y la Comisión de Búsqueda, se estima que el primero de dichos órganos tendría mayores condiciones de tipo jurídico y pragmático, para diseñar, estructurar y establecer las directrices sobre las instancias responsables y encargadas de operar y ejecutar el programa de atención médica”, enfatizó.
En ese sentido, propuso que el artículo 28 se quedara en los términos vigentes y la propuesta de adición, se traslade al artículo 23 para que se impacte como una fracción IX, y quede como atribución del Sistema Estatal el promover la articulación interinstitucional, para la atención y seguimiento preferente de la salud física y mental de los familiares, grupos independientes de búsqueda y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, independientemente si los padecimientos se generaron a partir del hecho victimizante.
La reserva fue aprobada.
También se aprobaron los dictámenes de dos propuestas legales, en los cuales se ordena su archivo definitivo. El primero, un punto de acuerdo para que se llevara a cabo una consulta a la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato; el segundo, una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal, a fin de establecer la obligación general de la Auditoría Superior para establecer mecanismos de participación ciudadana.
Radicaciones
Se dio cuenta de la solicitud de licencia para separarse del cargo de diputado local de Gerardo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Al respecto, la diputada Susana Bermúdez Cano instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo para discutirse en posterior reunión.
Además, se recibieron 10 expedientes que contienen propuestas para la renovación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que son: Valeria Gómez Marí, propuesta por AMDA Guanajuato; Óscar Francisco Ortega Ramírez, propuesto por el Instituto Republicano Internacional; Alberto Jorge Domínguez González, propuesto por el Centro de Estudios Universitarios Guanajuato; José Guadalupe Ramírez Durán, propuesto por Cuna, Arte y Cultura AC (CUNART); Mireya Isela Padilla Contreras, propuesta por la Fundación NINJI AC; Mauricio Cárdenas Zarandona, propuesto por la Universidad Iberoamericana León; Isidro Emmanuel Aguilar López, propuesto por KYBERNUS, Tu Liderazgo Importa; Marcela Sepúlveda Godínez, propuesta por COPARMEZ León; Carlos Ernesto Pons González, propuesto por COPARMEX León; y Rebeca del Carmen Valadez Hegler, propuesta por la Universidad Politécnica.
La congresista Bermúdez Cano pidió se publicitara la versión pública de los expedientes en la página del Congreso e instruyó a la secretaría técnica a elaborar una tarjeta jurídica de cumplimiento de requisitos para poder pronunciarse.
Se radicó y aprobó la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación para el Estado que tiene como finalidad se incorpore dentro de los principios rectores del sistema de planeación estatal el principio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Para su estudio se remitirá a la Coordinación General Jurídica, al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, quienes contarán con un término de 20 días hábiles para remitir los comentarios. Además, se establecerá un enlace en la página web del Congreso del Estado para consulta ciudadana y se celebrará una mesa de trabajo.
Como parte del orden del día se acordó, respecto a la Minuta Proyecto de Decreto por el cual se interpreta el alcance del Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, que remite la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la elaboración tarjeta jurídica sobre los alcances que se persiguen.
En la reunión participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Laura Cristina Márquez Alcalá y Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados Gerardo Fernández González, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Rolando Fortino Alcántar Rojas y Cuauhtémoc Becerra González.