En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, con el objeto de disminuir la brecha tecnológica que existe en la población y de manera general en los adultos mayores.
Con estas reformas se establece que la Secretaría de Educación deberá fomentar en las instituciones de tipo medio superior y superior, la incorporación en la currícula de temas especializados en atención a la población adulta mayor; mientras que, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato tendrá que impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores; y promover el acceso y utilización adecuada de las tecnologías de información y comunicación, a través de la capacitación de habilidades digitales a ese sector.
De igual manera, las autoridades municipales tendrán dentro de sus atribuciones el promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de estas y coordinarse con las demás autoridades para la promoción en el acceso y utilización adecuado de las tecnologías de información y comunicación, a través de la capacitación de habilidades digitales.
Avalan convocatorias para la consulta de diversas iniciativas en materia de discapacidad
Como parte del orden del día, se aprobaron las convocatorias para la consulta de diversas iniciativas.
La primera, una convocatoria para la consulta de diversas iniciativas en materia de discapacidad, de manera conjunta con las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura; de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Salud Pública.
Dos iniciativas para modificar la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad; una, para que se reconozca el derecho de las personas con discapacidad a recibir un apoyo económico de manera permanente, para asegurar que puedan incluirse plenamente en la sociedad, y la otra, a fin de se diga claramente que las personas con discapacidad permanente tienen derecho a recibir un apoyo económico por parte del gobierno, para ayudarles a vivir mejor.
Tres inciden en la Ley de Educación y buscan mejorar el empleo para jóvenes a través del servicio social y el voluntariado, destacando que estos programas deben ser incluyentes; fortalecer la educación inclusiva y la educación especial, para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad reciban una educación de calidad e incluir la educación dual en el nivel medio superior, donde se reconocer que las personas con discapacidad deben ser incluidas.
Dos proponen cambios a la Constitución Política local. La primera, con el objetivo de reconocer como un derecho humano el acceso a una vida digna para todas las personas que cuidan a otras, para quienes reciben cuidados y también para quienes se cuidan a sí mismas; la segunda, para reconocer el derecho de todas las personas que necesitan cuidados y también de quienes los brindan.
Dos más plantean ajustes a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, con el objetivo de que se garantice por ley que todas las personas, especialmente las personas con discapacidad, así como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas de la diversidad sexual y quienes forman parte de grupos no visibilizados, tengan el derecho de acceder y participar en actividades deportivas en igualdad de condiciones; y se incluya de forma explícita el deporte inclusivo y el deporte adaptado.
Otra propone reformar la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato para asegurar que todas las personas jóvenes, incluidas aquellas con discapacidad o que provienen de sectores sociales en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a un trabajo digno, con salario justo y en condiciones adecuadas a su edad, capacidades y nivel de estudios; y la última, plantea crear la Ley del Sistema de Cuidados para el Estado de Guanajuato.
Al respecto, el diputado Jesús Hernández Hernández propuso modificar la redacción de la segunda base, en el apartado de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para precisar la descripción de las iniciativas correspondientes y lograr mayor claridad y coherencia.
La segunda convocatoria es para la consulta, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de diversas iniciativas. La primera, plantea cambios a Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, con el objetivo de garantizar, fortalecer y ampliar los derechos tanto de las personas indígenas como de las personas afromexicanas; la segunda, reformas a diversas leyes del estado de Guanajuato para mejorar el sistema de empleo juvenil, promoviendo el servicio social profesional y el voluntariado.
La tercera y la cuarta plantean cambios al Código Civil para mejorar el sistema de empleo juvenil, promoviendo el servicio social profesional y el voluntariado; y se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como una persona jurídica colectiva y a su autoridad comunitaria como representante legal.
Otros asuntos
Además, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de una iniciativa de Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado formulada en la LXIV Legislatura.
También se analizó el dictamen de la iniciativa que propone cambiar Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato para reforzar el proceso de selección del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
El diputado José Salvador Tovar Vargas comentó que aunque se plantea reformar con el objeto de modificar los requisitos y el proceso de designación del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, era importante referirse al proceso de análisis y señaló que hubo comentarios por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias en donde precisaron que había discriminación, dificultades técnicas, riesgos de vulnerar derechos laborales y que en el dictamen se omitían los citados puntos.
Por su parte, la diputada Plásida Calzada Velázquez apuntó que el procurador o la procuradora no puede estar subordinado a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, mucho menos a los poderes fácticos, pues solo así será garante de los derechos humanos pues de lo contrario sería juez y parte, con lo cual en lugar de la protección de los derechos humanos siempre privaría la preferencia y la subjetividad sobre la objetividad e imparcialidad.
Afirmó que, algunas de las problemáticas que se han enfrentado, dijo, es la idoneidad del perfil, la autonomía, la filia política, que puede ser utilizado como trampolín político, por lo que subrayó que es necesario y se requiere que sea independiente, ajeno a las complicidades con otras instituciones, alejado de la política.
En su oportunidad, la legisladora Ana María Esquivel Arrona mencionó que no se tomaron en cuenta diversos planteamientos hechos por el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos y que considera que se llevan a cabo las mesas para tomar justamente en cuenta sus comentarios. Añadió que lo comentado por el Instituto de Investigaciones Legislativas era ambiguo porque, por un lado, decían que estaba de acuerdo, pero si se modificaban ciertos aspectos.
Precisó que tendrían que considerar que no pueden trastocar los derechos humanos de las personas únicamente por haber laborado en la PRODHEG, por lo que externó que el voto sería en contra del dictamen.
Finalmente, la congresista Plásida Calzada Velázquez remarcó que el fondo es dar más certeza a los guanajuatenses de que la persona que ocupa un lugar tan importante pueda tener esa separación con los otros Poderes, y que seguirán insistiendo en fortalecer el estado de derecho.
El dictamen no se aprobó por mayoría de votos.
También se dio seguimiento a dos iniciativas de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato. Una, a fin de contribuir a mejorar las condiciones en que se realizan las labores de las personas periodistas; la otra, con la finalidad de ampliar el espectro de protección jurídica de las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas en la entidad.
La diputada Plásida Calzada Velázquez comentó que, si bien en su momento se acordó dictaminar en sus términos la iniciativa formulada por la gobernador y hacer una mesa de trabajo para analizar la presentada en la pasada legislatura, se planteó modificar los acuerdos para que se incluyan ambas en un solo dictamen, y que el citado proyecto se suba a la página del Congreso del Estado para disposición de las personas destinatarias de la norma hasta el lunes 16 de junio para que puedan registrar su participación, y que podrán asistir a la reunión de Comisión el 18 de junio.
Finalmente, se radicó la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las y los indígenas y personas afromexicanas que residan o transiten en la entidad.
En el apartado de asuntos generales, la congresista Ana María Esquivel Arrona agradeció el respaldo de sus homólogos para reducir la brecha digital entre las personas adultas mayores con el resto de la población, al comentar que les permitiría estar al día de las realidades del país y facilitarles el acceso a diversos trámites.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas.