En sesión de la Comisión de Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobaron los dictámenes de cinco iniciativas Minutas Proyecto de Decreto mediante las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en distintos temas.
Cuatro se aprobaron en sentido positivo. La primera, en materia de no reelección y nepotismo electoral; la segunda, sobre apoyo a jóvenes; la tercera, en materia de fortalecimiento de la Soberanía Nacional y la cuarta, sobre simplificación administrativa y digitalización.
La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que el discurso no corresponde a lo que se llama nepotismo, que en muchos trabajos hay personas que se conocen, se casan y nada tiene que ver con esa figura; que iban a favor con ciertas condiciones. Se refirió a lo que está sucediendo con las elecciones para magistrados, y precisó que se debe buscar siempre la idoneidad en los perfiles; mientras que, el congresista Rodrigo González Zaragoza habló sobre la historia y el desarrollo de este tipo de prohibiciones.
Respecto a la Minuta sobre apoyo a jóvenes, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla comentó que eran insuficientes los apoyos, que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no estaba resolviendo el problema, que se tenía que capacitar a los jóvenes, darles las herramientas y los instrumentos para que puedan detonar el potencial que tienen, no solo enseñarlos a que estiren la mano; sino a revisar cómo ayudarlos a que obtengan un empleo.
Sobre la minuta en materia de fortalecimiento de la Soberanía Nacional, comentó que será letra muerta, y que expertos la consideran una reforma inútil, ya que no necesita ser reafirmada en la Carta Magna cada vez que el gobierno se sienta amenazado, porque ya está plenamente garantizada en el texto vigente y en el derecho internacional.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza comentó que veían dos aristas; la ampliación del catálogo para la prisión preventiva oficiosa, camino que no compartían, y en el tema de la Soberanía Nacional estaban totalmente de acuerdo que se debía dar un mensaje de soberanía y respeto.
En cuanto a la simplificación administrativa, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que se busca reforzar las prácticas regulatorias, de eficiencia, reducir costos y generar una cultura de transparencia en la gestión pública, que debe ir ligada a estrategias concretas de inclusión digital, a mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas; así como un acceso equitativo a los servicios.
En la quinta se establece en el acuerdo que no se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto en materia de conservación y protección de los maíces nativos, al precisar que, si bien se requiere fortalecer los procesos, las estrategias y las políticas para la conservación de las distintas variantes que existen en el país, no así en la aplicación de una reforma que endurece la normativa para restringir el uso de OGM provocando una crisis alimentaria y económica al país.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla comentó que todos coincidían en la importancia del maíz, que muestra la riqueza de la biodiversidad de México, pero para ese tipo de reformas primero se tenía que priorizar la biodiversidad y cómo se va a proteger el maíz nativo y la riqueza natural del país; así como revisar cómo se va a ayudar a que se tenga soberanía alimentaria y el manejo de agro tecnológicos, lo que consideró que deberían ser las prioridades.
Por su parte, la legisladora María Eugenia García Oliveros señaló que esas modificaciones buscan declarar las diferentes especies de maíz nativo y su valor constante como patrimonio cultural y alimentario del Estado Mexicano, y que en este momento se estaba rechazando su protección. Precisó que el voto era en contra porque creía en el compromiso del gobierno federal para promover las condiciones del sector y promover el desarrollo nacional con cultivos con semillas nativas, en especial la milpa.
Además, se radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de seis iniciativas. Dos proponen reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. La primera para establecer el juicio de amparo local como medio de control y, la segunda para establecer el derecho a la salud física y mental.
La primera, se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado; la segunda, se enviará a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Finanzas, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a los 46 ayuntamientos; y se solicitará un estudio de carácter presupuestal a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.
La diputada Rocío Cervantes Barba propuso añadir a la mecánica de estudio de la primera propuesta legal a universidades que tengan mayor matricula en materia de Derecho, a la División de Derecho de la Universidad de Guanajuato, a colegio y barras de abogados, al Colegio de Abogados A.C. y al Instituto de Investigaciones Legislativas, fue avalada.
La tercera, plantea cambios a la Ley de Víctimas del Estado con la finalidad de establecer lo que son las medidas u órdenes de protección, y se remitirá a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Paz, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
La cuarta, propone cambios a las Leyes Orgánica del Poder Ejecutivo; de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado; para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado; para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado; para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado; para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias del Estado; de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios; de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; de la Diversidad Sexual y de Género del Estado; para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado; de Asistencia Social y Fortalecimiento Familiar para el Estado; de Víctimas; para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado; de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado; y para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la finalidad de crear la Secretaría de las Mujeres.
Para su estudio se remitirá a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Finanzas, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. También, se solicitará un estudio de carácter presupuestal a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.
La quinta, pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado con la finalidad de crear la Unidad de Vigilancia y Evaluación, se enviará al Instituto de Investigaciones Legislativas y se pedirá un estudio de carácter presupuestal a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.
La última plantea cambios a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, en materia de movilidad social ascendente, se remitirá a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Finanzas, al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, así como a los 46 ayuntamientos.
Todas se remitirán a la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, a excepción de la relativa a la Unidad de Vigilancia y Evaluación; y los entes consultados contarán con 20 días hábiles para remitir sus comentarios; mismo periodo estará a consulta ciudadana mediante un enlace en la página web del Congreso del Estado. Además, se celebrarán, en su caso, las mesas de trabajo que se requieran para analizar las observaciones remitidas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla, Susana Bermúdez Cano y Rocío Cervantes Barba; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.