La LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato acordó remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
La propuesta tiene como objetivo incluir en el catálogo de delitos graves a la extorsión, para que se imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para combatir ese delito, procurando de esa forma, brindar una mayor confianza a la ciudadanía sobre la punibilidad de ese delito y su castigo a los responsables.
En el documento se señala que consideran necesario enviar un mensaje claro y contundente, que con esa reforma se mejorará la coordinación y colaboración entre instituciones y entidades federativas para disminuir una problemática que afecta profundamente a la sociedad de todo el país.
“Con esta iniciativa, consideramos que atendemos un gran problema a nivel nacional, la extorsión, y en vista de la complejidad del escenario actual, las legislaturas locales no podemos ser omisas ante esta situación”, se subraya en el texto.
Finalmente, se indica que se dictaminó la propuesta convencidos de que se traduce en un tema de alto interés y repercusión social e institucional, pues involucra un delito que tiene repercusiones sumamente gravosas para las víctimas, el núcleo cercano de las mismas y para la sociedad en general.
Al someterse a discusión el dictamen, hicieron uso de la tribuna para hablar a favor la diputada Susana Bermúdez Cano y, en contra, las legisladoras Yulma Rocha Aguilar y Alma Edwviges Alcaraz Hernández; así como el diputado Gerardo Fernández González.
La diputada Yulma Rocha Aguilar expresó que se compartía la inquietud de los iniciantes por el alza en el delito de extorsión y la evolución que ha tenido en los últimos años, sin embargo, al ya ser discutido y revisado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue rechazado por tener un impacto pernicioso que tiene mayores consecuencias negativas para las personas.
“La prisión preventiva es la medida cautelar más severa que se puede aplicar a un inculpado, debe de ser carácter excepcional, pues implica someter al imputado a un estado de máxima injerencia, al ser privado de su libertad, pues el hecho de imponerla es tomado por la colectividad como prueba de la responsabilidad del investigado, a pesar de que se le presume inocente”, dijo.
La legisladora se refirió a la opinión que hicieron el Poder Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos e instituciones educativas, respecto a que incluir la extorsión en el catálogo de delitos que amerite prisión preventiva implicaría un grave retroceso al principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que el argumentó que el aumento de dicho delito no era razón suficiente.
“La propuesta es inviable, por no satisfacer en su motivación y fundamentación los principios de proporcionalidad y racionalidad constitucional, en los términos planteados, ya que podría generar un abuso indiscriminado por parte del legislador local o federal, para que de una manera arbitraria y autoritaria propongan, a través de mecanismos legislativos, la imposición de la prisión preventiva oficiosa en cualquier delito”, finalizó Rocha Aguilar.
En su intervención para hablar a favor, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que la delincuencia ha encontrado en el territorio nacional, oportunidades de lucro ilícito, utilizando diversos canales y rutas, gracias a fenómenos como la extorsión, entre otras manifestaciones delictivas que la delincuencia organizada ha aprovechado y que se han traducido en el deterioro de la seguridad y consecuentemente de la paz y tranquilidad de los mexicanos.
Señaló que la extorsión era un tipo penal que involucraba la libertad, la paz, la estabilidad de las víctimas, sus familias, seres queridos y el patrimonio económico. Afirmó que las consecuencias de dicho delito sobre la persona trascienden el campo puramente físico para ingresar en las esferas de la subjetividad humana, afectando la psique.
“Pido su voto a favor del dictamen, por las personas amenazadas por teléfono o directamente en las tiendas, a los empleados que van a cobrar al banco, al administrador, al dueño, a los hijos, por todos aquellos que un día y, también el otro, son extorsionados”, enfatizó.
Bermúdez Cano se pronunció por cerrar el círculo de la impunidad pues, dijo, la inmensa mayoría de las victimas que sufren ese flagelo no se acercan a las autoridades por el temor a ser revictimizadas, y a ello se suma el alto grado de impunidad porque las carpetas de investigación se quedan sin materia, ya que las víctimas y sus testigos no acuden a las audiencias por temor al delincuente que está libre, y aún más, se oponen a que se siga investigando, pues temen por su vida y su seguridad.
“Nos toca desde el punto de vista legislativo, cerrar la brecha de la impunidad, ofreciendo un conjunto de herramientas jurídicas como la presente, o la que se discute en la comisión de justicia para redefinir la extorsión como un delito multiofensivo y de alto impacto, generando un marco concertado de política penal que proteja la libertad y la seguridad de las personas”, precisó.
Para finalizar, la congresista indicó que, en México, y en la mayoría de los países de América Latina, cuando se habla de extorsión se refieren, principalmente, a tres modalidades: el engaño telefónico, la amenaza telefónica y el cobro por derecho de piso, fenómenos que vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas, e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeños y medianos empresarios.
El diputado Gerardo Fernández González expresó que la propuesta no era viable para solucionar los grandes problemas de seguridad que padece el estado.
Expuso las opiniones vertidas en la mesa de trabajo de la Comisión que realizaron el Poder Judicial del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado. La primera instancia, dijo, precisó que “la prisión preventiva era la medida cautelar más severa que se puede aplicar a un inculpado y debía de ser de carácter excepcional, basándose en el respeto de los derechos fundamentales, haciendo posible que la regla sea libertad del procesado y no su detención”.
Asimismo, agregó que la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado comentó que el seguir ampliando el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa es violatoria de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos, principalmente y, por ello, no debía ser extendida, explicó el legislador.
Finalmente, el congresista comentó que deben asumir con responsabilidad y compromiso las atribuciones que tienen como legisladores y exhortó a sus homólogos a realizar cambios en la norma para resolver problemas que dañan el patrimonio, la vida, la seguridad y la integridad de cada persona que habita en el estado.
En rectificación de hechos, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que la Fiscalía General del Estado dijo tener la necesidad de que se considere a la extorsión en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva, por lo que consideró viable el volver a poner en la mesa el debate en materia del delito antes mencionado, por ser un tema que afecta no sólo en Guanajuato, sino también a nivel nacional.
“Es un grupo de políticas públicas que se deben de tomar, la justificación de la ciudadanía es el verdadero argumento para volver a discutirlo. Hoy el interés y el derecho tiene que ver con los ciudadanos, los que están siendo víctimas de la extorsión, quienes quieren que se efectúen las reformas”, finalizó.
Para rectificar hechos de su homóloga, hicieron uso de la voz la diputada Yulma Rocha Aguilar y el diputado Gerardo Fernández González. Rocha Aguilar reconoció que sorprendentemente la Fiscalía opinó a favor de la propuesta, sin embargo, se le expuso a la representante de la ésta la contradicción en la que caía. Agregó que la justificación era que aumentaron los delitos, cuando no era el único que se incrementó y cuestionó sí harían eso con todos.
Por su parte, el congresista Gerardo Fernández González apuntó que el abuso sexual afectaba más la psique de los afectados que la extorsión e indagó si iban a buscar en todos los delitos la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, subrayó que era importante vigilar el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades y conminó a atender el tema desde sus capacidades.
En su participación, la legisladora Alma Edwviges Alcaraz Hernández externó que para su grupo parlamentario la extorsión era un delito sumamente grave y que coincidían con los señalamientos de las universidades y otras autoridades respecto a la inviabilidad de la propuesta.
Asimismo, consideró oportuno un estudio más a profundidad en el tema para que no se trataran de la misma manera los diferentes tipos del delito de extorsión, siendo la prisión preventiva una medida que no justifica la afectación desmedida a los derechos humanos.
“La prisión preventiva es una afectación desmedida de los derechos humanos de la libertad y a la presunción de inocencia, el daño se incrementa cuando lo incluimos de manera indiscriminada, es decir sin distinguirse, hay una diferencia muy grande por los niveles de afectación por lo que en este momento podemos irnos a un análisis más profundo y detallado de este tema”, finalizó.