Las diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato aprobaron las reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Las modificaciones contemplan que las partes en el proceso administrativo podrán facultar a licenciados en derecho o apoderados con facultades suficientes para someter la solución del conflicto a un convenio conciliatorio y dichos convenios deberán presentarse para su ratificación y aprobación ante el juez o magistrado para que sean elevados a la categoría de cosa juzgada o se tenga por cumplida la sentencia; excepto cuando los convenios sean el resultado de la conciliación realizada.
Asimismo, los jueces o magistrados podrán exhortar a los interesados a la celebración de convenios conciliatorios para la solución de las controversias sometidas a su jurisdicción o para facilitar la ejecución de sus resoluciones; desde el escrito de demanda y en cualquier otro momento del proceso, hasta antes de que se dicte sentencia, los interesados podrán proponer la celebración de convenios para la solución de la controversia, sin que ello suspenda el proceso.
Al hacer uso de la voz, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que la conciliación es un elemento fundamental para poder eficientar los resultados de cualquier tipo de proceso donde se encuentre una contraposición de intereses, siendo estas modificaciones un procedimiento importante para contar con resoluciones e ir desahogando a los tribunales que atienden temas en materia administrativa.
“La eficiencia y la rapidez inherentes a la conciliación son factores clave en comparación con los procedimientos judiciales tradicionales esta forma de resolución permite a los interesados llegar a acuerdos en un tiempo considerablemente menor”, dijo.
Agregó que los litigios prolongados conllevan costos significativos que van desde los honorarios de abogados hasta otros gastos administrativos asociados, por lo que la conciliación no sólo beneficia a las interesadas e interesados, también ahorra valiosos recursos para la administración y para los ciudadanos.
“La flexibilidad y adaptabilidad de la conciliación permiten soluciones personalizadas, adaptada a las circunstancias específicas de cada caso; esta capacidad de ajuste facilita la búsqueda de acuerdos que satisfagan las necesidades de los interesados, contribuyendo a la equidad y a la justicia en la resolución de disputas”, finalizó.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad.