El Pleno del Congreso del Estado aprobó las reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato que evitan registros de candidatos para cualquier cargo de elección popular, o que sean nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público aquellas personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos relacionados con diferentes tipos de violencia o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

La propuesta enuncia que no podrán ser registrados como candidatos u ocupar cargos de servicio público aquellas personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal;  contra la libertad y seguridad sexuales; contra el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Misma consideración tendrán las personas que se encuentren en el registro de deudores alimentarios y se enuncia en la normativa que para ocupar los cargos de diputado local, gobernador y miembros del ayuntamiento no se deberá de tener alguna resolución firme por infracción que constituya violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia electoral, en tanto se extingue la sanción impuesta.

Al hablar a favor, la congresista Susana Bermúdez Cano apuntó que Guanajuato será de los primeros estados de la República que armonizan la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, hizo un llamado a los 46 municipios de la entidad para que sesionen lo más pronto posible, analicen la minuta, se apruebe, opere el constituyente permanente y se pueda realizar la declaratoria correspondiente.

También, aseveró que el trabajo no está acabado y se debe seguir reflexionando sobre las causas que inciden en la violencia contra la mujer, llevando a cabo un recorrido que analice el perfil del agresor y de la víctima, para generar disposiciones normativas preventivas.

Al respecto, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo afirmó que con la aprobación de este dictamen se atiende una deuda histórica con las madres y la niñez de Guanajuato, siendo parte de que con el consenso de todas las legisladoras y legisladores se pueden atender temas para la protección de las mujeres y de sus hijas e hijos.

Agregó que ahora queda ver por aquellas mujeres que sufren ese problema y que no van a tener los beneficios por no tener alguna relación con alguna persona que busque o sustente un cargo público, por lo que también habría que velar por sus intereses tomando en cuenta que existe una gran cantidad de casos de deudores alimenticios en la entidad.

El legislador Gustavo Adolfo Alfaro Reyes también se pronunció a favor y se congratuló porque se cumple el compromiso social de ser partícipes de mejores normas y se armoniza nuestra Constitución local con la Carta Magna.

Precisó que mediante esta reforma se reafirma el rechazo absoluto a conductas delictivas o de ataques a la libertad, a la seguridad sexual y a la violencia en cualquiera de sus tipos cometida particularmente la niñez y las mujeres.

La legisladora Lourdes Martha Ortega Roque pidió el voto a favor por elevar el estándar de las personas que pretendan ser representantes populares o servidores públicos al cerrar el paso a quien ejerza violencia o desatienden sus obligaciones, priorizando el derecho de las mujeres y el desarrollo íntegro de la niñez y juventudes.

Asimismo, mencionó que esta iniciativa ya se había planteado desde marzo del 2022 lo que conllevo a desaprovechar una oportunidad para ser un referente a nivel nacional, siendo de manera tardía el interés mostrado a temas de protección de grupos vulnerables como son las mujeres y las niñas, niños y adolescentes.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.