En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin de establecer el derecho humano de acceso al internet, el derecho de las y los jóvenes mayores de 18 años para contender por cargos de elección popular y para actualizar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.
La primera modificación incorporó el derecho que tienen todas las personas a disfrutar del acceso al internet; la segunda, eliminó la restricción de edad para contender por los cargos de presidente municipal, síndico o regidor, la cual establecía como requisito el tener por lo menos, veintiún años cumplidos al día de la elección.
Y la tercera, a fin de actualizar el catálogo de delitos en los que los jueces en materia penal dictarán de oficio la medida cautelar de prisión preventiva en el procedimiento penal acusatorio en el estado.
En ese sentido, los delitos que se agregaron fueron los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
La diputada Susana Bermúdez Cano hizo uso de la tribuna como autora del dictamen, mientras que la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Gerardo Fernández González hablaron a favor.
Bermúdez Cano precisó que el derecho de acceso a internet se debe considerar como un derecho social y que las instituciones tanto nacionales como locales deben garantizarlo a través de sus programas y políticas públicas.
Asimismo, puntualizó que el hecho de que las y los jóvenes puedan ser votados a partir de los 18 años para integrar un Ayuntamiento, es una manera de integrarlos y para que se interesen en la vida política.
Apuntó que, desde su grupo parlamentario, resaltan la importancia de la inclusión y transición de la juventud en la participación social y política. “El joven se convierte en adulto y con esta reforma, este joven de convierte también en ciudadano de pleno derecho”, agregó.
La congresista manifestó que dicha reforma abre la posibilidad de una participación más activa por parte de los jóvenes, así como su inclusión en espacios para la toma de decisiones.
Por su parte, el diputado Gerardo Fernández González indicó que es de gran importancia la participación de los jóvenes en la toma de las decisiones gubernamentales y en los cambios para participar en la creación de entornos apropiados, lo que era un avance significativo en la construcción de la sociedad.
También refirió que la aplicación de un requisito de edad es una medida discriminatoria para los jóvenes que desean participar en procesos electorales, tomando en cuenta que en la entidad se registran alrededor de 440 mil jóvenes, entre 16 y 19 años, lo que conlleva a ser la sexta entidad federativa con mayor cantidad de jóvenes en el país.
“Es indudable la participación que tienen los jóvenes en los diferentes rubros de la actividad del estado. Por ello, ha sido trascendental reconocer los derechos políticos electorales de los jóvenes con plenitud, dejando de ser solo espectadores para ser protagonistas del destino y el futuro de Guanajuato”, concluyó.
En su oportunidad, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que el uso de las tecnologías de la información ha propiciado un cambio de paradigma y que, durante la pandemia el internet se convirtió en una herramienta esencial que permitió a todas las personas continuar con su trabajo, clases e informarse.
Asimismo, expresó que no todos los guanajuatenses tienen acceso a internet situándolos en una posición de desventaja, que incluso, dijo, los llevó a perder su trabajo o rezagarse en sus estudios, por lo que externó la relevancia de dicho dictamen que, dijo, les da la posibilidad de maximizar y adecuar la Constitución local.
En su intervención, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes indicó que la propuesta pretende armoniza el texto constitucional con la norma oficial de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, situación que ha generado que México haya tenido varias recomendaciones de organismos internacionales para eliminar dicha medida cautelar por ir en contra de principios fundamentales que atentan contra derechos humanos.
Asimismo, enunció que en el país persiste el principio de supremacía constitucional, por lo que es deber de las autoridades acatar las medidas y procedimientos que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.