La Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobaron los dictámenes relativos a los informes de resultados de diversos sujetos de fiscalización.
Se trata de las evaluaciones al desempeño municipales sobre la percepción ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos de Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro y León, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
Además, se radicaron dos propuestas legales y se aprobaron sus metodologías de análisis. La primera, una iniciativa para crear la Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, para su estudio se remitirá a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Finanzas, a la presidencia del Consejo del Poder Judicial del Estado, a organismos Autónomos, a los ayuntamientos, a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
La segunda, un punto de acuerdo para exhortar al secretario de Finanzas, así como a la directora general del Servicio de Administración Tributaria del Estado para que evalúen la reapertura de la Oficina de Servicio al Contribuyente en Santa Ana Pacueco, a fin de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a la ciudadanía, fomentar la formalización de comercios locales y garantizar la confiabilidad del registro de contribuyentes ubicados en esa zona del estado.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta propuso se realice una solicitud de información a la Secretaría de Finanzas y a la titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado. La propuesta fue avalada.
También, se acordó la mecánica de estudio de dos iniciativas. Una de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios que busca dotar al municipio de libertad y autonomía en el manejo de la hacienda pública, limitando las facultades del Poder Legislativo sobre este, con el objetivo de dar mayor eficiencia a la administración de la Hacienda por parte del gobierno municipal. La propuesta se remitirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y a los 46 ayuntamientos.
La otra, con el objeto expedir la Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado, a fin de crear un sistema público de registro y seguimiento del gasto en comunicación social y publicidad, así como una estructura de regulación en la materia. Se enviará a la Consejería Jurídica, a la presidencia del Consejo del Poder Judicial estatal, a organismos autónomos, los 46 ayuntamientos, a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y a la Auditoría Superior del Estado.
Para todas las propuestas se realizarán mesas de trabajo, se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana, por un periodo de 30 días hábiles; mismo tiempo tendrán los entes consultados para enviar sus comentarios.
Finalmente, el auditor superior del Estado entregó dos tarjetas informativas relativas al mismo número de propuestas de puntos de acuerdo. La primera, para solicitarle llevar a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Celaya, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas.
La segunda, para pedir a la Auditoría Superior del Estado que incluya en el Programa Anual de Fiscalización 2025 la práctica de una auditoría financiera y de cumplimento al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, al proyecto «Prevención de adicciones en jóvenes – Planet Youth Guanajuato».
El apartado de asuntos generales, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor refirió que el Programa General de Fiscalización seguía recurriendo a la simulación, al disfrazar una encuesta de precepción ciudadana como evaluación. Cuestionó cuánto dinero se estaba gastando en la Auditoría de Desempeño para hacer algo que no les corresponde, destinando fondo a ejercicios duplicando en lugar de medir el verdadero impacto de las políticas públicas del estado.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María del Pilar Gómez Enríquez, Karol Jared González Márquez y Angélica Casillas Martínez; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente de la Comisión) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.