La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo del grupo parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y al Código Civil con la finalidad de forzar a los deudores alimentarios a que cumplan con sus obligaciones e incorporar los principios vida digna y decorosa como criterios al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia.
Al hacer uso de la voz, la legisladora señaló que para abordar el tema de los deudores alimentarios es importante mencionar que el derecho de garantizar la pensión alimenticia es dictado por una autoridad judicial respecto las obligaciones de las personas que contrajeron obligaciones familiares al tener una vida común y procrear, donde también se contempla la adopción de hijas e hijos.
“Sin duda, el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye una violación a los derechos de las infancias, pero también es violencia económica en contra de las mujeres, toda vez que es un ejercicio que se reproduce preponderantemente en el hogar con el que se pretende demostrar la supremacía hegemónica masculina, así como la dominación y la manipulación sobre los recursos, provocando graves afectaciones en la vida de las mujeres y sus hijas e hijos”, dijo.
Por lo anterior, la congresista mencionó que la propuesta pretende incrementar un tercio de las sanciones establecidas, si la mujer o la persona con capacidad de gestar carece de los recursos necesarios para atender su alimentación, habitación y salud; además de imponer una sanción a quien incumpla con la obligación de dar alimentos, de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa, suspensión o pérdida de derechos de familia, y pago como reparación de los daños a las cantidades no suministradas oportunamente.
Asimismo, Aguilar Castillo contempló en las modificaciones que, si el adeudo excede los noventa días, el Juez ordenará a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios; respecto a las modificaciones del Código Civil estatal, se busca nombrar la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia, todo ello con la finalidad de garantizar una vida digna y decorosa al acreedor alimentario.
Finalmente, la diputada refirió que la empresa en donde labore el deudor alimentario deberá realizar los descuentos respectivos directo de su nómina para cubrir las pensiones alimentarias adeudadas y en caso de incumplir la pensión alimentaria por un período mayor a noventa días, se tendrá que avisar a las autoridades migratorias, a fin de restringir la salida del país al deudor alimentario.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.