La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que, con fundamento en la Constitución Política para el Estado, inicie el procedimiento de remoción del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
En la exposición de motivos se indicó que la violencia y la inseguridad del estado ha incrementado desde la llegada de Carlos Zamarripa a la dirección de la procuración de justicia local, hechos que tienen relación con que Guanajuato sea catalogada como la entidad más violenta del país para las mujeres.
“El contexto de violencia e inseguridad de nuestra entidad nos obliga a insistir en la remoción de Carlos Zamarripa. Recorrer el estado y escuchar la vida cotidiana del pueblo guanajuatense permite confirmar lo que cada uno de los datos disponibles muestran, Guanajuato es el estado más violento del país”, se menciona en la propuesta.
El documento hace referencia a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que posiciona a Guanajuato como la entidad con más personas víctimas de muertes violentas en lo que va de 2023, debido a que al cierre de septiembre del presente año se han registrado 4 mil 060 personas víctimas de homicidios dolosos, culposos y feminicidios, lo que representa una diferencia de 814 víctimas con el segundo lugar que es el Estado de México.
“Este nivel de inseguridad y violencia no surgió de un día a otro. Todo lo contrario, es resultado de la incompetencia o complicidad de las autoridades de seguridad pública en el ámbito estatal, esto es, se nutrieron del pacto de impunidad creado por el Fiscal General del Estado y las políticas fallidas del Secretario de Seguridad Pública”, se expresa en la propuesta.
Finalmente, se menciona que Carlos Zamarripa tomó el cargo como Procurador General de Justicia en 2009, cuando se tenían registrados 491 homicidios por año en el estado, mismos que han venido incrementando y pese a ello se decidió que el actual fiscal permanezca al frente de la procuración de justicia durante 19 años, pues su ilegítimo periodo terminará hasta el año 2028.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.