El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato con el fin de establecer un programa de coordinación interinstitucional, para la atención y seguimiento de la salud los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
En la exposición de motivos se expresa que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares no solo atenta contra la persona desaparecida sino también a sus familiares y seres queridos que viven en dolor, incertidumbre y desesperación que van deteriorando su salud.
“Las víctimas indirectas relacionadas con casos de desaparición han manifestado en diferentes momentos, que reciben deficiente atención y seguimiento a su salud por parte de las autoridades. La presente iniciativa, pretende reconocer y la existencia de áreas de oportunidad institucional para atender las familias de personas desaparecidas”, dice el documento.
Se reconoce que la iniciativa nació a través de mesas de trabajo con personas buscadoras quienes de manera constante expresaron la necesidad de gozar de su derecho de salud con el establecimiento de un programa de atención especial que pueda adaptarse a sus actividades de búsqueda como la posibilidad de citas en unidades médicas y hospitales independientes a su domicilio, flexibilidad de horarios y un carnet de seguimiento a sus padecimientos.
Además, se indica que las limitaciones de tiempo dificultan la atención médica, el autocuidado, la alimentación, el descanso y el esparcimiento. Además de enfrentar sentimientos adversos en jornadas de búsqueda y el sufrimiento por la falta de resultados en sus casos incluso se enfrentan al rechazo y estigmatización de la comunidad.
“La iniciativa reconoce que las acciones de búsqueda de verdad y justicia realizadas por las personas dedicadas a la búsqueda son clave en el hallazgo de personas desaparecidas, en el avance de investigaciones, y en la adopción de políticas públicas y reformas estructurales en la materia”, finaliza el documento.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.