El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante el pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la finalidad de que en caso de alguna infracción que amerite el retiro de la unidad, si el vehículo se puede desplazar por su propia fuerza motriz, se permita al conductor o conductora el traslado o poder llamar al permisionario estatal de grúas de su preferencia.
Al hacer uso de la voz, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes mencionó que existe una reglamentación para que los servicios de transporte de grúa puedan transportar vehículos que se encuentren imposibilitados para circular por sí, sin embargo, se indicó que el reglamento no hace referencia al supuesto de los vehículos que se puedan trasladar por su propio impulso o fuerza motriz, cuando se amerite del retiro de la unidad a causa de alguna infracción.
“Estos vehículos infraccionados con remisión al corralón, por estar en posibilidad de trasladarse por sí mismos, no se ajustan al supuesto definido como servicio de arrastre y quedan en la indefinición legal, reglamentaria y jurídica, lo que ha sido aprovechado para que los permisionarios de grúas que apoyan a las autoridades cometan una serie de abusos en las tarifas por el traslado a los corralones y en no en pocos casos actúan en contubernio con las autoridades responsables de dichos operativos”, dijo.
Por lo anterior, el legislador precisó que es necesario establecer en la ley reglas específicas para operativos de cualquier índole, donde intervengan conjuntamente cualquier autoridad y que se utilicen las grúas de permisionarios del servicio, de carácter estatal, al considerar que la propuesta planteada traería seguridad jurídica, legalidad y será en beneficio de la economía de los usuarios de este servicio público estatal.
Asimismo, el diputado hizo referencia a que las tarifas por lo general son muy excesivas, además de describir la situación como una especie de “mafia” entre autoridad y permisionarios estatales de grúas, siendo algunos de los casos sólo regulados para el servicio de salvamento, existiendo para ellos un beneficio ilícito por generar ingresos por el servicio de arrastre y la pensión respectiva.
“Consideramos que esta acción legislativa beneficia a la ciudadanía, al hacer transparente el servicio de arrastre que prestan los permisionarios regulados por el Estado. Es un apoyo importante para combatir la corrupción, evitándose el monopolio de ciertos permisionarios de este tipo de servicios que afecta a otros, además se evitan los contubernios y comisiones de las autoridades con los permisionarios de grúa y se fomenta la competitividad de este sector del servicio de transporte estatal”, concluyó Alfaro Reyes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.