El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Profesiones para proteger en forma preventiva el derecho de los profesionistas, entre ellos, los abogados, para negar, suspender o abandonar la prestación del servicio profesional.
Al dar lectura a la exposición de motivos, el diputado Alejandro Arias Ávila refirió que los pilares de la formación integral de los profesionistas son dos: la formación en competencias profesionales y la formación ética que requieren complementarse como dos dimensiones que se articulan para preparar al profesional del nuevo milenio.
Afirmó que la ética profesional se ha situado como un componente dinámico y sustantivo de la formación integral porque asegura una práctica responsable y eficaz al normar el buen uso de las capacidades profesionales, lo que resulta fundamental para enfrentar y resolver los complejos problemas de la sociedad contemporánea.
El congresista comentó que, en la entidad, en los últimos años han sucedido acontecimientos que han puesto en riesgo a varias profesiones (contadores públicos, médicos, ingenieros, abogados, entre otras) derivado de extorsiones o bien, de obligatoriedad a prestar ciertos servicios profesionales a delincuentes en forma individual y que forman grupos delincuenciales e incluso a la delincuencia organizada.
Asimismo, habló de algunos sucesos que han conmovido a la sociedad guanajuatense con los asesinatos de varios abogados, quienes en todos los casos llevaban litigios en diversas materias, y según las fuentes periodísticas, el móvil de sus asesinatos fue precisamente la prestación de sus servicios profesionales, ya sea como actor o demandado, o bien, asesor de víctimas o defensor del imputado.
“La presente propuesta ayudará a justificar la renuncia o incluso el abandono de un negocio, que en condiciones ordinarias constituiría un delito cuando existen de por medio amenazas o extorsiones, que sin duda constituyen peligro inminente de que el profesionista pierda la vida”, enfatizó Arias Ávila.
Argumentó que dadas las condiciones actuales de inseguridad en el estado y de los riesgos para ciertas ramas de profesionistas, preferentemente escogidas por la delincuencia, se debe incluir el derecho preventivo a los profesionistas para que éstos tengan la posibilidad de renunciar, suspender o abandonar la prestación del servicio que justificaría cualquier inobservancia de los principios éticos que rijan la profesión de que se trate, cuando se acredite justificadamente que está en riesgo su vida, salud, familia o patrimonio, realizando el oportuno aviso al solicitante o usuario y, en su caso, a la autoridad competente.
Finalmente, señaló que también se establece la obligación de prestar los servicios conforme a los principios éticos de cada profesión.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.