La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil estatal con la finalidad de que sean la madre y el padre quienes definan el orden de los apellidos, pudiendo elegir entre sus apellidos maternos y paternos.
Al hacer uso de la tribuna para presentar su exposición de motivos, la congresista comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido de manera particular, que es inconstitucional obligar a registrar a un recién nacido anteponiendo el apellido paterno, estableciendo que la práctica de colocar el apellido del hombre primero relega a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar.
Indicó que mediante una resolución de amparo contra el Código civil de la Ciudad de México, que obliga a que el primer apellido sea el del padre y el segundo el de la madre, el máximo órgano jurisdiccional del país definió que dicha disposición establece un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de las mujeres en las familias y, en consecuencia, en la sociedad, ordenando que se deberán expedir nuevas actas de nacimiento a las menores con el orden de los apellidos deseado por las madres y los padres.
Enfatizó que dicha resolución confirma que la imposición del apellido paterno responde a un trasfondo histórico en el cual la concepción de éste como jefe y portador del apellido de la familia, relega a las mujeres al papel de simples integrantes, negando con ello las funciones indispensables de crianza, dirección y sostenimiento que cada vez con mayor frecuencia desempeñan las mujeres.
La legisladora habló sobre diferentes situaciones que enfrentan las mujeres en las que muchas son la cabeza del hogar, por lo que dijo que para muchas hijas e hijos que han crecido en estos hogares, la posibilidad de elegir para su descendencia el apellido materno de sus madres no es solo una reivindicación de su propia identidad, sino el establecimiento de una estirpe que permita a las generaciones futuras el conocimiento de su origen y de sus tradiciones, así como dar un reconocimiento a las mujeres que en muchas partes del país sostienen no sólo a las familias sino a sus comunidades a lo largo de las generaciones.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.