Con el objeto de proteger a la sociedad guanajuatense de la proliferación y expansión de la actividad delictiva en la que sus personas, familias o negocios puedan ser vigilados mediante mecanismo de control remoto a distancia, con fines de cometer robos o cualquier otro delito en su perjuicio, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal.
El objetivo, incorporar como delitos contra la seguridad pública el uso indebido de información obtenida mediante drones o artefactos controlados a distancia, así como sistemas fijos de videograbación con fines de cometer delitos, que armoniza la legislación local con la federal.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Alejandro Arias Ávila comentó que los grupos de delincuencia están usando mecanismos controlados a distancia, denominados drones o cualquier otro artefacto mecanismo similar, con el fin de fotografiar, realizar grabaciones de audio y video, recabar información para vigilar las actividades de particulares en sus propiedades, negocios o comercios para conocer, reportar sus características o ubicación o para preparar, planear o ejecutar daños, agresiones en su contra, de su familia o de sus empleados.
De igual manera, dijo que también se ha detectado que la delincuencia ha colocado en algunas ciudades sus propios equipos de videograbación fija. Comentó que, el incremento sustancial de las capacidades de este tipo de drones comerciales ya debe ser un foco de atención para los expertos en seguridad pues estas capacidades son potencialmente atractivas para cometer actos criminales.
Afirmó que no era ninguna novedad que la delincuencia organizada en México suele incorporar tecnologías de vanguardia para optimizar sus operaciones de tráfico de drogas, incrementar su seguridad y tener un mayor control al interior de la empresa criminal.
Arias Ávila señaló que los drones han sido utilizados en ataques, en el marco de pugnas entre bandas del crimen organizado o contra las fuerzas de seguridad, y que el uso de esos aparatos aéreos no tripulados ha ido en aumento.
“Los grupos del crimen organizado, sobre todo los que pertenecen al narcotráfico, utilizan los drones para vigilar zonas estratégicas o los territorios que controlan. Asimismo, los modifican de manera artesanal para que puedan lanzar explosivos y atacar a sus enemigos o comunidades en las que buscan generar miedo para apoderarse de las mismas”, precisó.
El congresista indicó que conforme ha venido avanzando la criminalidad en el estado de Guanajuato, en donde se sabe ya se comienzan a usar drones, artefactos, aparatos, equipo o mecanismos piloteados, controlados o manejados a distancia para fotografiar, realizar grabaciones de audio y video, era urgente que el derecho penal intervenga en la tipificación sobre el uso de este tipo de mecanismos de control a distancia con los fines señalados.
La propuesta plantea imponer una pena de prisión de tres a diez años y el decomiso de los aparatos, equipos y objetos producto del delito y multa de cincuenta a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.