En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos se analizaron dos dictámenes relativos a normas en favor de las personas con discapacidad.
El primero, correspondiente al dictamen de cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.
Entre las modificaciones propuestas se busca garantizar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público; establecer una consulta a las personas con discapacidad; fortalecer los mecanismos para que las personas con discapacidad tengan mayor posibilidad de participación en la toma de decisiones y generar medidas que propicien el acceso a las personas con discapacidad al ámbito laboral, tanto público como privado.
Lizbeth Villalvazo, directora de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo de Irapuato, A.C., se refirió al hecho de que no se incluya el porcentaje mínimo de contratación, al señalar que es valioso determinarlo, que se había propuesto un 8% en las consultas y que era esencial establecer al menos el citado porcentaje.
Los participantes profundizaron en la importancia de contar con un porcentaje de contratación en la norma, con la finalidad de fortalecer su derecho a ser incluidos; la capacitación, los ajustes razonables, entre otros.
El congresista Jesús Hernández Hernández apuntó que han sido partícipes de las opiniones de las personas que se encuentran en estado de discapacidad. Agregó que, la propuesta tiene como finalidad establecer que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, garanticen la inclusión laboral de las personas con discapacidad, teniendo la obligación de contratar, como mínimo el tres por ciento de la planta laboral correspondiente a personas con discapacidad.
Precisó que, en el análisis de la propuesta, obtuvieron opiniones de distintas autoridades y municipios, así como la Evaluación de Impacto Presupuestario de la Unidad de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado de Guanajuato, y que en esas opiniones y evaluación de impacto, tanto como en la propia iniciativa, se advierte que no se tiene la certeza, sobre las consideraciones técnicas para determinar el porcentaje del tres por ciento establecido en dicha propuesta, siendo que, si bien la propuesta indica porcentajes de población, por municipio, con discapacidad, no es posible evidenciar la población que, en base a su condición, están en posibilidad de sumarse al campo laborar.
Finalmente, remarcó que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, generarán de manera progresiva condiciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad. Y para tal efecto, se promoverá el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno, atendiendo a sus respectivas competencias laborales.
Además, abordaron el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en la entidad, que busca otorgar mayor visibilidad a los derechos que tienen las personas con discapacidad ante los actos de discriminación.
De aprobarse esas reformas en Pleno quedaría prohibido impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con animales de apoyo o asistencia; así como obstruir guías podotáctiles, rampas de acceso, señalizaciones en sistema braille y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad.
Alicia Franco, presidenta del Consejo Estatal para Prevenir, Erradicar y Atender la Discriminación en el Estado, solicitó se consideraran dos observaciones; la primera, añadir con personas, a fin de que se trate de una homologación integral, ya que las personas muchas veces no solo requieren un animal de apoyo sino una persona de apoyo.
La segunda, modificar la redacción para adoptar la porción normativa de la ley general relativa a obstruir cualquier medida de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, la tecnología en servicios o instalaciones de uso público y demás elementos destinados a la movilidad de las personas con discapacidad.
Por su parte, Raúl Alejandro Arias Ávila Cuevas, regidor del municipio de Celaya, reforzó el comentario de sus antecesores, al señalar que las políticas públicas deben ser de manera afirmativa y enunciativa para que no sean limitativas, para que la inclusión sea integral, ya que no todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible, por lo que se deben tomar en cuenta las cinco discapacidades que existen para que las políticas públicas no sean limitativas.
La diputada Ana María Esquivel Arrona señaló que coincidían con el objeto de la iniciativa, que consiste en establecer como discriminación, el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con animales de apoyo o asistencia, así como obstruir guías pododáctiles, rampas de acceso, señalizaciones en sistema braille y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad.
Añadió que era de suma importancia emprender las acciones suficientemente eficaces, tanto ejecutivas como legislativas, a fin de salvaguardar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, específicamente visual, ya que lamentablemente las realidades a las que se enfrentan las personas con discapacidad o quienes se apoyan de animales de asistencia, son realidades que viven cuando les niegan el acceso a lugares públicos.
Remarcó que la propuesta de dictamen es congruente con lo previsto en el artículo primero Constitucional, precepto en el que se prohíbe toda forma de discriminación basada en las categorías en ella enunciadas, entre las que se encuentra la discapacidad.
Natalia Barajas, artista plástica, agradeció el trabajo de los compañeros que han asistido a todas las comisiones; así como la ayuda a hacer visibles las enfermedades raras y las discapacidades invisibles sean reconocidas al fin en papel. Resaltó que gracias a estos trabajos están siendo nombrados y tomados en cuentan para poder ser reconocidos en la ley y tener acceso a uno de los derechos más importantes, que es la salud.
En su oportunidad, Juan Carlos Vela del municipio de Apaseo el Alto manifestó que para hablar de perros guía primero las personas deberían tener acceso a uno, ya que son caros y difíciles de mantener; que se debe cuidar la accesibilidad en todos los espacios públicos como las peluquerías, restaurantes, etcétera, que muchas veces ni siquiera cuentan con rampas, por lo que se les dificulta el llevar a cabo actividades cotidianas.
Ángel Corona, joven con discapacidad neuro motriz, remarcó que muchas personas con discapacidad son de escasos recursos, que se debe establecer como requisito en la norma que todos los espacios públicos deben tener rampa y contar con baños accesibles.
En su participación, Luis Jesús Ibarra, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, reconoció las iniciativas legislativas, las cuales calificó como positivas, y compartió que el problema es el aterrizaje de las normas, porque son buenas, pero en la realidad es cuando chocan.
Por su parte, Ivette Rosas precisó que donde más se ve discriminación es en el área laboral, por lo que subrayó que se debe trabajar y preparar soluciones para incluir a las personas con discapacidad visual.
La legisladora Miriam Reyes Carmona agradeció la presencia de las personas, la cuales dijo, representan a quienes no pudieron estar.
Finalmente, sobre los escritos presentados por José Raymundo Sandoval Bautista y Sandra Liliana Prieto de León, con relación a la postulación de esta última al cargo de titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la diputada Plásida Calzada Velázquez comentó que se han analizado los escritos mencionados y apuntó que la Comisión ha actuado con base en los parámetros que la norma establece y la convocatoria emitida.
En ese sentido, mencionó que se han revisado los requisitos plasmados en la ley y en la convocatoria, y que el día de ayer se presentaron las evaluaciones, conforme a lo establecido en la pasada sesión.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión decretaron un receso de esta instancia legislativa hasta el próximo lunes 24 de enero, a efecto de profundizar sobre la propuesta de modificación relativa al porcentaje de inclusión laboral.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta), Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona; así como los diputados José Salvador Tovar Vargas y Jesús Hernández Hernández.