Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevó a cabo una mesa de trabajo para revisar la propuesta de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato con la finalidad de establecer la obligación de los ayuntamientos de dotar un sistema de videovigilancia y memoria de grabación de larga extensión que cubra en forma íntegra el exterior de las instalaciones policiales, así como el interior.
Juan Manuel Álvarez, asesor del grupo parlamentario del PRI, manifestó que la desaparición de personas es una de las afectaciones a los derechos humanos más severas; indicó que la obligación de videovigilancia se fundamenta en la necesidad de garantizar los derechos humanos de los detenidos, prevenir la tortura y asegurar la legalidad de la detención.
De manera general, se comentó que la propuesta no se consideraba viable, debido a que es un tema que impacta en los tres órdenes de gobierno y se encuentra debidamente estructurada su atención en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley local; que en cuanto a los sistemas de videovigilancia al exterior e interior donde se retienen a las personas en los municipios era necesario considerar la autonomía municipal, y el impacto presupuestal.
Que el impacto regulatorio que se tendría que ajustar de acuerdo con la realidad social y económica de los 46 municipios; que la medida podría reforzar la protección de los derechos humanos; entre otros aspectos.
El congresista Juan Carlos Romero Hicks indicó que se tenía que reconocer que es un problema no resuelto, que se tiene que ver cómo se atiende y que hay diferentes formas de hacerlo: política pública y protocolos, legislación, el rediseño de las instituciones correspondientes y asignando presupuesto, pero se tenía problema en los cuatro.
Detalló que era una intención valiosa, pero había comentarios discordantes sobre cómo resolverlo, y que lo importante era tener diagnóstico y tratamiento de la circunstancia, pero era lo que no se tenía, por lo que se haría un esfuerzo por procesar el tema para ver cómo se
En los trabajos de la mesa participaron los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Rodrigo González Zaragoza; y la congresista María Eugenia García Oliveros; así como funcionarios de la Consejería Jurídica, de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Administrativa y personas asesoras parlamentarias.