Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo dos mesas de trabajo.
Revocación de mandato
La propuesta busca incluir la revocación de mandato en la Ley de Participación Ciudadana, reforma complementaria a las modificaciones a la Constitución ya que, lo que pretende es que se reconozca la citada figura y regular su proceso ante el órgano electoral del Estado, así como su aplicación a todos los servidores públicos que hayan accedido a su cargo por medio de voto popular.
Al discutir sobre lo planteado en la iniciativa, los participantes coincidieron en que la propuesta normativa incurre en una omisión legislativa y que ya fue analizada por la Suprema Corte de Justicia; que era improcedente, potencialmente inconstitucional y que se extralimitaba a lo establecido tanto en la Constitución Política local como en la federal, ya que dicha figura solo aplica para el gobernador del estado y no para quienes integran cuerpos colegiados.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano apuntó que quedó claro que la propuesta era inconstitucional, generaría confusión, antinomias y rebasa lo mandatado, por lo que instruyó la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido negativo para su posterior discusión.
Licencia por el fallecimiento de un familiar
En un segundo momento se analizó la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios que busca establecer una licencia, con goce de sueldo, por el fallecimiento de un familiar.
La propuesta plantea que el trabajador tenga acceso al citado derecho y que sea una obligación establecida en ley para el patrón. Los grados y líneas de parentesco que contempla la iniciativa protege y abarcan el núcleo familiar cercano del colaborador, como son el padre, madre, hijos, cónyuge o concubina, así como a los hermanos.
Vicente Vázquez Bustos de la Coordinación General Jurídica puntualizó que se ve positivo que se tenga un avance progresivo en los derechos de los trabajadores y que se busca homologar para todos los poderes, ya que en el Poder Ejecutivo se cuenta con un numeral que atiende lo planteado.
Complementó la intervención Carlos Yánez Torres, quien argumentó que era necesario señalar puntualmente los casos en los que procederá el permiso económico y revisar lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, respecto al fallecimiento de hijas e hijos, en cuyo caso se les otorgan 15 días hábiles y en la propuesta se indican 5, lo que podría generar una antinomia, por lo que se debe revisar la congruencia normativa.
En el mismo sentido se pronunciaron Luis Alberto Ortega Estrella de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Alejandro Sierra Lugo de la Coordinación General Jurídica, quienes indicaron que si bien la propuesta era loable, se tenía que analizar que en las condiciones generales de trabajo no haya mayores beneficios que en la propuesta y se vaya a caer en una regresión.
La diputada Susana Bermúdez Cano consideró importante que se estudie en mesa de trabajo de asesores todo lo expuesto durante este análisis para no generar ninguna antinomia ni tampoco sea regresiva por lo que, dijo, antes de dictar el sentido del dictamen solicitaría se hiciera el citado ejercicio de revisión.
Agregó que, si derivado de ello no coincidían en el avance, se dejaría abierta la posibilidad de que se presentase alguna otra iniciativa que integrara lo expresado en las reuniones.
La legisladora refirió como ejemplos que en el caso del Poder Legislativo los servidores públicos tienen derecho a obtener licencia por defunción de algún familiar hasta el cuarto grado únicamente por tres días, por lo que señaló era importante se visualice homologar en un sentido de progresividad del derecho.
También mencionó que el Poder Judicial contempla el permiso económico con goce de sueldo de la persona que lo solicite cuando falleciere su cónyuge o la persona con quien haya hecho vida conyugal o bien sus progenitores, hijos, hijas, hermanos o hermanas por tres días hábiles, pudiéndose prorrogar ese permiso a criterio del Consejo, lo que arrojaba una discrecionalidad.
Finalmente, subrayó que había varios elementos que se pueden analizar, y reiteró que en caso de que en la mesa de asesores no se llegase con la objetividad o trayendo consigo los comentarios vertidos en esta mesa y para no generar ningún retroceso a la norma ni tampoco antinomias, se dejaría abierta la posibilidad de presentar alguna otra iniciativa.
Los trabajos de las mesas estuvieron encabezados por la diputada Susana Bermúdez Cano. Además, participaron Vicente Vázquez Bustos, Alejandro Domínguez y Carlos Yáñez Torres de la Coordinación General Jurídica; Alejandro Sierra Lugo, Elena Medina y Karla Luna de la Secretaría de Gobierno; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Alfredo Israel Barrón Durán e Isaías Arévalo Rangel del Tribunal de Justicia Administrativa y Carolina Gasca Arriaga del Instituto Electoral del Estado; así como asesores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión.