Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de propuestas en materia de discriminación y derecho humano al agua.
Iniciativa para que se transforme al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato en un organismo descentralizado
En la primera se revisó la propuesta que busca reformar la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato con la finalidad de e transformar al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Maricarmen Rivera, asesora de la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, explicó el objetivo de la propuesta y la motivación de la misma, y argumentó que ante la prevalencia de actos discriminatorios y la ausencia de políticas sistemáticas para erradicarla, se proponía la transformación del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato en un organismo público descentralizado, cuyo máximo órgano de gobierno sea conformado mayoritariamente por personas integrantes de la sociedad civil.
Alejandro Sierra Lugo, director general jurídico de la Secretaría de Gobierno, cuestionó si era conveniente bajar los principios de la Constitución Política a una ley secundaria y la viabilidad, en razón de incorporar conceptos novedosos a la ley como escalas y etapas de la planeación; a sus comentarios se sumó Federico Ruiz Chávez de la Coordinación General Jurídica, quien consideró que no era necesaria la inclusión porque ya se prevé en la Constitución.
La diputada Susana Bermúdez Cano indicó que realizaron una evaluación ex ante de la propuesta y no se desprendía propiamente una necesidad hacia la Ley de Planeación, que era innecesario volver a citar en un enunciado normativo que, incluso, ya se encuentra en la actual norma y que no se añade información nueva, por lo que solicitó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Iniciativa para garantizar el derecho humano al agua
En la segunda mesa, se abordó lo correspondiente a la propuesta para modificar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de garantizar el derecho humano al agua dentro del territorio del estado.
Alison Álvarez, asesora del grupo parlamentario de MORENA, expuso los motivos de la propuesta y señaló que el citado derecho es indispensable para vivir dignamente y una condición previa para la realización de otros derechos humanos, además de que era reconocido por distintos tratados internacionales, por lo que consideraban necesario que la Constitución Política local se homologará a la federal en ese sentido.
En su intervención, Luis Alberto Estrella de la PRODHEG, mencionó que la iniciativa no incorporaba mecanismos para garantizar el citado derecho, salvaguardando los recursos para el futuro; mientras que Federico Ruiz Chávez manifestó que se debía ponderar si la iniciativa establece condiciones normativas que garanticen el derecho humano al agua o era necesario llevar a cabo otras acciones.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que, aun cuando coincidían en el fondo de la propuesta no se estaba abonando con los ajustes planteados y no era la Constitución Política local el lugar adecuado para establecer ese tipo de disposiciones.
En el mismo sentido se pronunció la legisladora Susana Bermúdez Cano, quien señaló que es un tema en el que se debe trabajar porque beneficia a todas las personas y ya hay acciones que se están llevando a cabo en otras instancias legislativas.
Asimismo, agregó que, en atención a los argumentos vertidos en la mesa, los cuales servirán en otras comisiones, instruiría la elaboración del dictamen en sentido negativo en lo que corresponde a la Constitución Política local.
En los trabajos de la mesa estuvieron encabezados por la diputada Susana Bermúdez Cano. También asistieron la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá y el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.
Además, participaron Federico Ruiz Chávez, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco y Carlos Manuel Torres Yánez de la Coordinación General Jurídica; Alejandro Sierra Lugo, director general jurídico de la Secretaría de Gobierno; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PRODHEG); así como asesoras y asesores de los grupos parlamentarios que integran esta instancia legislativa.