En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se analizó la propuesta de punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Gobernación para que atienda con las medidas de prevención y urgentes las solicitudes de las y los activistas ambientalistas de México.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que han dado seguimiento desde que se hizo la propuesta y detectaron que sigue vigente la necesidad de poder hacer el exhorto y formular una propuesta para que se clarifique el alcance.
En ese sentido, refirió que el problema subsistía y se iba agravando más, 58 activistas ambientales han sido asesinados, dijo, en torno al ejercicio de su función y eso se debía a presiones particulares. Después de mencionar diversos acuerdo y tratados internacionales, Márquez Alcalá propuso una nueva redacción.
Planteó se modificara la propuesta original para que se exhortara a la Secretaría de Gobernación para que dentro del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas conocido como el “mecanismo”, edifique un sistema efectivo de protección para activistas y organizaciones civiles protectoras del medio ambiente, que evite la criminalización, las agresiones y las descalificaciones de que son objeto, que les permita continuar con su labor dentro de un clima de seguridad y libre manifestación de sus demandas.
Por su parte, la legisladora Yulma Rocha Aguilar indicó que era loable el punto de acuerdo y coincidían en agilizar el mecanismo en favor de las personas ambientalistas, sin embargo, enfatizó que se tenía que complementar mucho la exposición de motivos y la propia redacción del acuerdo que se planteaba, porque el contenido no traía datos que motivaran y sustentaran lo que se estaba solicitando, por lo que pidió que tuviera argumentación jurídica y evitar lo subjetivo.
En su intervención, el congresista Gerardo Fernández González coincidió con su homóloga en la carencia de contenido de la propuesta, manifestó que parecía que el grupo iniciante estaba más preocupado en hacer señalamientos al gobierno federal que en atender los problemas en la materia a nivel local, y dijo que existía desprecio a organizaciones en la entidad que atienden diferentes problemáticas.
Rocha Aguilar insistió que en la argumentación se aleje la parte subjetiva que actualmente tiene el documento y se ciñan a las cifras y estadísticas, y quede plasmado en el dictamen que se tuvo que modificar la propuesta, así como poder complementarla. Al respecto, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá apuntó que lo señalado este día sumaría parte del dictamen.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano puntualizó que se encargaría un documento de trabajo que incluya las mejoras que se pueda realizar y no se partiría del documento de origen sino del modificado, el cual se analizará de manera posterior.
Como parte del orden del día dieron seguimiento a las metodologías de análisis de 9 iniciativas. Seis plantean modificaciones constitucionales para que los proyectos de inversión propuestos por el gobernador del estado, así como los planes de desarrollo urbano municipales sean sometidos a consulta, así como la implementación de un Presupuesto Participativo; promover que los procesos de designaciones públicas se hagan de manera transparente; establecer acciones por omisión legislativa; garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes; establecer requisitos que aseguren la autonomía e independencia política de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los Consejeros del Poder Judicial; y garantizar a las personas con discapacidad el derecho a recibir un apoyo económico permanente a fin de garantizar su inclusión efectiva.
Dos más proponen reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios para reconocer normativamente a la violencia y el acoso como un problema y considerar el permiso menstrual en la norma; así como una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato con la finalidad de transparentar el manejo de fideicomisos y de los recursos públicos que a través de ellos se administran.
Respecto a las iniciativas se acordó llevar a cabo mesas de trabajo los miércoles de octubre y noviembre, dos por día, iniciando una vez que se cuente con la anuencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Laura Cristina Márquez Alcalá, Yulma Rocha Aguilar y Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados Gerardo Fernández González y Rolando Fortino Alcántar Rojas.