La Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen, en sentido negativo, de las iniciativas de reforma a la Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Guanajuato y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guanajuato.
La primera de ellas con el fin de crear un marco jurídico para profesionalizar el servicio público de la entidad; sin embargo, se consideró que en Guanajuato ya se cuenta con un Servicio Civil de Carrera, el cual es un sistema de méritos para la selección, integración, promoción, ascenso y estabilidad del personal que ocupe un puesto dentro del Poder Ejecutivo; mismo que se encuentra regulado por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, así como por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios.
En tanto, la segunda iniciativa tenía por objeto clarificar la estructura, operación y funcionamiento de las entidades paraestatales.
Al respecto, el dictamen estipula que el diseño jurídico vigente ya crea contrapesos en la división de poderes, y permite que el Poder Ejecutivo sea quien regule, mediante su norma orgánica y sus decretos, todo lo concerniente a la administración paraestatal.
Por otro lado, se aprobaron la propuesta de metodología para el estudio de la iniciativa que busca reformar la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato para que las niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en orfandad por el feminicidio de su madre puedan recibir bimestralmente una pensión.
Ésta consistirá en solicitar las opiniones la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; así como en iniciar una consulta ciudadana mediante la publicación de la iniciativa en la página web del Legistativo.
Además, se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado el estudio de impacto presupuestal correspondiente. La información reunida será analizada y discutida en mesa de trabajo.
Finalmente, se radicó una propuesta de punto de acuerdo cuyo objetivo es exhorar a los 46 ayuntamientos y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a que celebren convenios de colaboración para que los espacios de comunicación municipales puedan ser utilizados para difundir información que contribuya a la localización de personas desaparecidas.
Durante la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Yulma Rocha AguIlar, Briseida Anabel Magdaleno González, Laura Cristina Márquez Alcalá y Alma Edwviges Alcaraz Hernández; así como los diputados Rolando Fortino Alcantar Rojas y Gerardo Fernández González.