El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Presidenta de la República, para que al amparo de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones legales aplicables, disponga la creación de un Gabinete Especializado en Materia Económica con enfoque en la Atención a la Informalidad, cuya finalidad sea coordinar y definir acciones interinstitucionales orientadas no sólo a la regularización fiscal, sino al cumplimiento efectivo de los derechos laborales, sociales y económicos de quienes hoy trabajan fuera de la formalidad en el mercado laboral.
Al hablar a favor de la propuesta, la diputada Ana María Esquivel Arrona externó su preocupación ante el reciente reporte del INEGI, el cual revela un incremento de más de 600 mil personas en el sector informal durante el último año, fenómeno que representa un entorno de incertidumbre donde las y los trabajadores carecen de seguridad social, servicios de salud y ahorro para el retiro, lo que exige una revisión profunda de las reglas del mercado laboral.
Agregó, que la propuesta busca crear un órgano transversal que coordine los esfuerzos nacionales y revise integralmente las causas de la informalidad, debido a que el país requiere de una estrategia multisectorial que articule capacidades entre dependencias para transitar hacia empleos con derechos, y que la inclusión del tema en la agenda nacional es un paso indispensable para garantizar el trabajo digno y la estabilidad de las familias mexicanas.
En su intervención en contra de la propuesta, la legisladora Maribel Aguilar González reconoció que la informalidad laboral es un reto estructural complejo y multidimensional. Sin embargo, calificó el punto de acuerdo como insuficiente al considerar que la responsabilidad no recae exclusivamente en el ámbito federal, por ser la informalidad un fenómeno territorial que se vive en municipios y mercados, por lo que su atención requiere de una corresponsabilidad donde los ayuntamientos y el Gobierno del Estado asuman sus competencias.
Asimismo, puntualizó que el exhorto parte de una premisa incompleta, ya que la administración federal actual ya impulsa acciones concretas para fortalecer el salario mínimo, ampliar la seguridad social y fomentar la inclusión laboral, además de que el problema no es la falta de voluntad federal, sino la necesidad de una estrategia integral y coordinada entre los tres niveles de gobierno que incluya la simplificación administrativa y estímulos reales a la formalización con perspectiva de género.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.