El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a los 46 Ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con las autoridades que resulten competentes den cumplimiento estricto a las disposiciones establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Norma Oficial Mexicana NOM-083SEMARNAT-2003, y demás normativa aplicable en materia de manejo y operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
Además, a que realicen estudios, diagnósticos y evaluaciones técnicas sobre las condiciones actuales de los sitios de disposición final, tiraderos y rellenos sanitarios en sus municipios, a fin de identificar riesgos ambientales, de salud pública y posibles incumplimientos normativos, así como definir las acciones correctivas necesarias.
De igual manera, implementen acciones inmediatas, efectivas y permanentes para garantizar una adecuada gestión integral de los residuos sólidos urbanos, priorizando la prevención de riesgos, la protección al derecho humano a un medio ambiente sano, y la seguridad de las comunidades aledañas.
También para que fortalezcan las estrategias de prevención, control y mitigación de incendios en estos sitios, mediante la supervisión constante, la actualización de protocolos de emergencia, capacitación del personal operativo y la asignación de recursos suficientes para evitar siniestros que pongan en riesgo la salud y el entorno ambiental.
Finalmente, se pide a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente para que coadyuve al cumplimiento de lo anteriormente señalado.
El exhorto tiene su origen en una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero comentó que el punto de acuerdo era una oportunidad para demostrar que cuando se trata de proteger la salud de las y los guanajuatenses, y de preservar el medio ambiente, son capaces de dejar de lado cualquier diferencia y actuar con responsabilidad.
Resaltó que la propuesta busca atender una realidad que, aunque muchas veces invisible, afecta la vida diaria de miles de personas en la entidad, la gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos, ya que los tiraderos a cielo abierto, los incendios en los sitios de disposición final y la contaminación silenciosa están ahí, afectando a las comunidades más vulnerables.
“Este no es un tema de partidos, es un tema de conciencia, de futuro, de asumir que el derecho a un medio ambiente sano no puede seguir siendo una promesa pendiente”, enfatizó.
Contreras Guerrero dijo que era desalentador que solamente los sitios de disposición final que cumplen parcialmente con la NOM-083 y tienen cierto control técnico son San Miguel de Allende, Celaya, Huanímaro (regional para Abasolo y Pueblo Nuevo), Silao de la Victoria, Dolores Hidalgo, León, Pénjamo, San Diego de la Unión, San Felipe, Victoria y Yuriria.
El legislador remarcó que ese panorama evidenciaba que más del 75% de los municipios no cuentan con un sitio que cumpla plenamente con la normativa ambiental, siendo especialmente grave la situación de los sitios no controlados, donde los riesgos de incendios, contaminación y afectaciones a la salud pública son mucho mayores.
Habló de los riesgos que se tienen por los incendios en los sitios de disposición final de residuos y los efectos que causa en la salud de las personas y el medio ambiente. En ese sentido, resaltó la importancia de contar con estudios y evaluaciones técnicas que sirvan de base para su mejora, ya que, dijo, lo que no se mide, no se puede controlar, y lo que no se controla, no se puede mejorar.
“Hoy tenemos la oportunidad de transformar una realidad que por años hemos postergado. Este exhorto es un llamado a la conciencia colectiva, a la responsabilidad que compartimos como representantes del pueblo y como autoridades municipales. No dejemos que la historia nos juzgue por la indiferencia. Actuemos hoy, por nuestras familias, por nuestros hijos y por el futuro de Guanajuato. Porque garantizar un medio ambiente sano es garantizar vida, salud y dignidad para todos”, finalizó.
Hicieron uso de la tribuna para hablar a favor las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Maribel Aguilar González.
Ortiz Mantilla se refirió a la importancia del buen manejo de los residuos y comentó que el reto son 35 mil toneladas diarias de residuos, que van a 43 sitios de disposición final, pero el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 no solo es un tema de estudio, implica infraestructura, operación diaria y personal capacitado.
Resaltó que si se quiere una gestión integral de residuos es fundamental que colaboren todos, los tres órdenes de gobierno y que se pueda buscar la tecnología que permita aprovechar esos recursos, que no son residuos.
Finalmente, habló de la necesidad de que la entidad tome lo que ya ha avanzado, como el Plan Estatal de Manejo de Residuos, y de trabajar con los municipios en sus Leyes de Ingresos para que puedan hacer el cobro en la recolección de basura que les permitan cumplir con la mencionada norma.
Por su parte, la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia comunicó que el asunto puesto a discusión ya ha tenido antecedentes con puntos de acuerdo relativos a la búsqueda de políticas y procesos que regulen los procesos de disposición final de residuos.
Asimismo, comentó que se tiene el compromiso firme y sostenible con la agenda ambiental por considerar necesario lo que se aborda en la propuesta de punto de acuerdo, para dar un paso más a acciones que busquen transformar la visión tradicional del manejo de residuos hacia una economía circular y así garantizar un medio ambiente sano.
En su oportunidad, la diputada Maribel Aguilar González indicó que es un compromiso que tienen todos los ciudadanos, pero principalmente de las autoridades que tienen la responsabilidad de resolver la situación.
Precisó que se debe cumplir con la NOM-083 para que los residuos estén donde deben, además de recordar que su grupo parlamentario expuso la problemática de los tiraderos a cielo abierto, así como los incendios que se han generado en esos lugares que provocan problemas crónicos en la salud de las personas.
Subrayó que lo que se discute es el derecho a un medio ambiente sano, que el problema está anclado en una cultura de impunidad, de malos manejos en los servicios de recolección de basura en los municipios que evidencia el uso fraudulento de recursos públicos en contratos millonarios y opacos.
Aguilar González externó que están a favor porque muestran congruencia, ya que antes habían expuesto esta problemática.