Las diputadas Dessire Angel Rocha, Yulma Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega Roque formularon una propuesta de reforma al Código Civil estatal en materia de suspensión y pérdida de la patria potestad por feminicidio de la madre.
Al presentar la exposición de motivos de la iniciativa, la diputada Dessire Angel Rocha se refirió al caso ocurrido en Puebla en contra de Cecilia Monzón, abogada y activista feminista que fue asesinada a tiros en San Pedro Cholula y sobre cuyo caso la Fiscalía de Puebla dijo que todo apuntaba a que el autor intelectual era un político que fue su pareja y padre de su hijo, lo que llevó a cuestionarse qué pasaba con un menor cuyo padre es sospechoso de matar a su madre.
Mencionó que se formuló una iniciativa que hoy es conocida como “Ley Monzón”, con el objeto de suspender de manera cautelar la patria potestad de los padres sospechosos del feminicidio de las madres y retirarla luego de una sentencia condenatoria definitiva.
Angel Rocha comentó que en al menos otros 10 estados del país se han presentado ya iniciativas para armonizar sus normativas civiles locales en este sentido, tales como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.
“Con 434 mujeres asesinadas en 2022, en Guanajuato, -aunque solo 21 de esos casos se hayan consignado como feminicidio- y 69 en lo que va del 2023 con solo 1 presunto feminicidio reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hay justificación para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean sometidos a un régimen de convivencia de riesgo con presuntos feminicidas”, enfatizó la congresista.
Asimismo, manifestó que se trata de un primer gran paso para cuidar a las infancias y adolescencias en los casos en los que el padre es señalado -aun como presunción-, ponderando el interés superior de los menores a pesar de que no exista sentencia definitiva en el caso de la suspensión, de manera preventiva y protectora para evitar daños irreversibles, pues muchas niñas, niños y adolescentes están obligados a convivir con sus padres y familias de los violentadores de sus madres.
“Se trata de reconocer que el delito de feminicidio debe ser una causa de pérdida de la patria potestad para quien lo cometió, pues el interés superior de las infancias debe ponderarse por encima de cualquier otro argumento. Nada justifica que niñas, niños y adolescentes se vean sujetos a la convivencia con un progenitor que le quitó la vida a su madre”, finalizó la diputada.
La propuesta plantea la adición sobre las causales de pérdida de patria potestad por la sentencia condenatoria en caso de feminicidio de la madre, aun en grado de tentativa; y en la suspensión de ésta la existencia de un auto de vinculación a proceso dictado por el delito de feminicidio en contra de la madre, aun en grado de tentativa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.