A fin de contribuir en la consolidación de un mecanismo para la elección del Fiscal General del Estado más claro, participativo y transparente, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en materia del proceso de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado David Martínez Mendizábal se refirió al proceso llevado a cabo para nombrar al fiscal general estatal y precisó que debe ser perfeccionado, tratándose de un cargo toral para hacerle frente al crónico y lamentable estado de las cosas que enfrenta Guanajuato en materia de inseguridad y violencia.
“La iniciativa de reforma que ahora se presenta tiene que encontrar buen puerto por el bien de la gente, por el bien de Guanajuato; se requiere revisar el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de nuestro estado, quitando los claroscuros y lagunas que la misma normativa contiene en aspectos centrales como participación ciudadana, transparencia y publicidad”, señaló el congresista.
Martínez Mendizábal comentó que el proceso de selección del fiscal general debe garantizar que la persona designada sea la más idónea para el cargo y goce de la legitimidad necesaria para desempeñar sus funciones con eficacia.
Agregó que el mecanismo que se utilice para nombrar a la persona titular de la fiscalía debe generar confianza en la ciudadanía, en las instituciones que integran el sistema de justicia y en los operadores jurídicos en general.
El legislador remarcó que es necesario garantizar que la elección de autoridades del sistema de justicia se realice de forma transparente y en función del mérito y la capacidad profesional de las y los candidatos y, sobre todo, que la gente así lo perciba.
Asimismo, añadió que en Guanajuato se carece de un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía en la elección de su fiscal general, por lo que es necesaria la incorporación de herramientas para que el pueblo pueda hacer llegar propuestas de preguntas a los candidatos con la mayor amplitud posible.
Entre los cambios planteados se contempla que el Congreso del Estado contará con veinticinco días hábiles para integral una lista de al menos diez personas; que la lista deberá conformarse por una propuesta de cada representación parlamentaria, así como del resultado de una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en seguridad y procuración de justicia; las atribuciones específicas de la comisión de justicia una vez recibida la terna, así como la forma en que coordinará y llevará a cabo las comparecencias de los candidatos para las entrevistas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.