El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Irapuato, Patricia Aguilar Gallardo, para que realice una investigación exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la presentación y aprobación formal del Programa Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito; la presentación tardía e incompleta de los informes trimestrales; así como la omisión en la elaboración de un protocolo de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad en los centros de rehabilitación y riesgos a derechos fundamentales como posible encubrimiento en abuso de autoridad.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rodrigo González Zaragoza manifestó que, los cuerpos de seguridad pública, tanto estatales como municipales, enfrentan múltiples desafíos, como la falta de recursos, la corrupción, y la creciente presencia de grupos delictivos; mientras que la ciudadanía exige vivir en paz y tranquilidad.
Apuntó que, en Guanajuato, en los últimos años la problemática en materia de inseguridad ha incrementado la exigencia social por falta de políticas públicas y una actuación más efectiva de las autoridades encargadas de prevenir y perseguir los delitos.
González Zaragoza argumentó que, las políticas de seguridad pública deben respetar los derechos humanos, evitando prácticas que históricamente han generado mayores agravios sociales, como el uso excesivo de la fuerza o la criminalización de sectores marginados.
Resaltó que, proteger la seguridad pública no sólo obedece a un mandato legal, sino también a una necesidad social elemental, ya que sin seguridad el desarrollo económico, educativo y el bienestar general son inalcanzables.
Sostuvo que, en Irapuato, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el INEGI, la percepción de inseguridad de la ciudadanía lo coloca en el 5to lugar nacional, solo por debajo de Villahermosa, Culiacán, Fresnillo y Uruapan, y que el 89% de la población se siente insegura.
Finalmente, remarcó que, garantizar el derecho a la seguridad pública en Guanajuato implica una transformación profunda de las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito, así como una visión integral que incluya prevención social, profesionalización policial, combate a la corrupción y respeto absoluto a los derechos humanos.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.