La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, formuló un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, para que, instale mesas de trabajo reales con los comerciantes afectados, con el fin de analizar sus propuestas y, con ello, se determine la viabilidad de su reinstalación en los lugares donde desempeñaban su labor, o bien se generen las condiciones necesarias para otorgarles concesiones formales que les permitan desarrollar su actividad en espacios dignos, seguros y adecuados o la obtención de un trabajo digno que les permita llevar el sustento a sus familias.
La congresista hizo uso de la voz para exponer la propuesta. Comentó que, derivado del punto de acuerdo que presentó en la materia, se llevó a cabo una reunión el pasado 3 de julio, encuentro en el que se reconoció la importancia de abrir canales de diálogo e institucionalizar una ruta para atender el conflicto generado por los desalojos, y se acordó la instalación de una mesa de trabajo para que las y los comerciantes pudieran presentar propuestas concretas, compartir alternativas viables y construir soluciones conjuntas.
Indicó que la mesa pactada no se llevó a cabo, por lo que no hubo avance alguno respecto a los compromisos asumidos, y que dicha omisión representaba un acto de deprecio hacia las y los comerciantes afectos, que vulnera gravemente su derecho a la participación, al diálogo social y a la búsqueda de soluciones justas y pacíficas a una problemática que impacta de forma directa en su derecho al trabajo y al sustento familiar.
“Este incumplimiento no es un hecho menor. Es el reflejo de una política pública profundamente insensible que, bajo el pretexto de garantizar la seguridad o el orden urbano, termina por incrementar la desigualdad, agudizar la pobreza y profundizar la exclusión social”, enfatizó la congresista.
Aguilar Castillo refirió que, se pretende justificar el desalojo masivo de personas trabajadoras bajo una narrativa de “reordenamiento” o “seguridad”, sin hacerse cargo de las consecuencias sociales, económicas y humanas que conlleva expulsar a decenas de familias de su única fuente de ingreso.
Agregó que, si el gobierno municipal no ofrece alternativas viables, si no respeta los acuerdos de diálogo y si no implementa soluciones dignas y sostenibles, lo que se tiene no es una política pública, sino una estrategia fallida.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.