El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, para que promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, instruya la restitución de los Servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo en los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud, y asegure la continuidad de los mismos.
Asimismo, se exhorte al secretario de Salud del Estado, para que promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Se proponga y coordine la restitución de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud. Y se garantice que se implemente de manera obligatoria como parte de la capacitación, la igualdad de género y la perspectiva de género para todo el personal de salud del Estado.
De igual manera, se exhorte a la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, para que promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Proponga y contribuya a coordinar la restitución de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud.
Así como que promueva y garantice que se implemente de manera obligatoria como parte de la capacitación, la igualdad de género y la perspectiva de género para todo el personal de la Administración Pública del Estado.
Se exhorte a la Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que investigue, de seguimiento y resuelva las presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones cometidas por parte de las personas servidoras públicas que resulten responsables de la suspensión de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los distintos Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud.
Y promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, proponiendo a las autoridades el Estado que, en el ámbito de sus competencias, promuevan cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que, a juicio de la Procuraduría, redunden en una mejor protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco expresó que el Gobierno del Estado de Guanajuato recientemente ordenó suspender el otorgamiento de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, toda vez que la información fue confirmada por el secretario de Salud mediante una entrevista brindada a un medio de comunicación local.
La legisladora agregó que la decisión es inconstitucional y un retroceso en los avances que se tenían para garantizar desde la política pública el derecho a decidir de las mujeres ante la omisión del Poder Legislativo, además de ser también una violación al principio de progresividad que deben tener los derechos humanos.
“Se exhiben las amenazas y coerción que está padeciendo el personal de salud, al verse obligados a negarse a prestar los Servicios de Interrupción del Embarazo -que ya daban- por miedo a perder su trabajo, lo cual también es violatorio a sus derechos humanos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que no se debe criminalizar a las personas que apoyan a las mujeres a interrumpir su embarazo”, finalizó.
La solicitud de obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.