El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Acámbaro para que no se apruebe ningún incremento tarifario sin que previamente se realicen estudios técnicos, económicos y sociales que permitan valorar con objetividad las afectaciones para la ciudadanía; así como a la Contraloría Municipal de Acámbaro, Guanajuato, para que inicie los procedimientos correspondientes para sancionar a las personas responsables de haber anunciado o promovido el aumento al pasaje sin apego a la legalidad vigente.
Al presentar la propuesta, el congresista Rodrigo González Zaragoza comentó que el aumento en la tarifa del transporte público en diversos municipios de Guanajuato ha generado inquietud en la ciudadanía, pues afecta directamente la economía doméstica de millones de usuarios que dependen diariamente de este servicio esencial.
Añadió que cuando el costo del transporte aumenta, las familias destinan una mayor proporción de su presupuesto a movilizarse, lo cual puede provocar recortes en otros rubros esenciales y que cuando el aumento tarifario no viene acompañado de mejoras verificables en la calidad, seguridad, accesibilidad y cobertura del servicio, se erosiona la confianza ciudadana en las autoridades.
En este sentido, se refirió a los hechos acontecidos en Acámbaro que iniciaron el año pasado cuando los concesionarios del transporte público urbano y suburbano solicitaron formalmente al Ayuntamiento la revisión de la tarifa, argumentando que el incremento en los costos del diésel, refacciones y mantenimiento hacía insostenible la tarifa vigente. Sin embargo, el 4 de febrero de 2026, los concesionarios decidieron aplicar de manera unilateral un aumento de 1 peso al pasaje, elevando la tarifa a 11 pesos, sin que existiera acuerdo de Cabildo ni dictamen técnico aprobado por la autoridad municipal competente.
Finalmente, González Zaragoza manifestó que autoridades municipales iniciaron la imposición de infracciones a concesionarios que cobraban la tarifa no autorizada, y fue hasta el 13 de febrero de 2026 que se informó que los concesionarios mantenían el cobro de la nueva tarifa pese a la falta de autorización formal.
La propuesta se remitió para su estudio y dictamen a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial.