El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal a adoptar con carácter prioritario una serie de medidas integrales para contener la propagación de la tos ferina en el territorio nacional.
En particular, se solicita reforzar las campañas de vacunación universal, poniendo especial énfasis en la población infantil, así como en los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, como lactantes, personas gestantes y personal de salud; garantizar el abasto oportuno, suficiente y equitativo de vacunas en las unidades de primer nivel de atención, especialmente en comunidades con alta marginación; implementar estrategias de detección oportuna y seguimiento epidemiológico riguroso de los casos sospechosos y confirmados; desplegar una campaña nacional de comunicación social clara, accesible y basada en evidencia, dirigida a madres, padres y personas cuidadoras, que informe sobre los mecanismos de prevención, los signos clínicos de alerta y la importancia de buscar atención médica temprana.
De igual manera, a implementar de forma prioritaria acciones de contención del brote de sarampión, que incluyan el reforzamiento de las brigadas de vacunación, la identificación activa de esquemas incompletos, la adquisición y distribución suficiente de vacunas.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Angélica Casillas Martínez se refirió al Aviso Epidemiológico emitido por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica ante el incremento sostenido de casos de tos ferina en diversas entidades; mientras que, en el caso de sarampión, el país ha entrado formalmente en una fase de brote epidémico.
Agregó que esta situación requiere de una reflexión seria sobre los desafíos actuales en materia de prevención en salud pública. En ambos brotes, dijo, se ha observado un elemento en común que resulta relevante desde el punto de vista epidemiológico: la falta de vacunación o el esquema incompleto en una proporción considerable de los casos confirmados.
Habló de que, durante años, el país contó con un Programa de Vacunación Universal ampliamente reconocido, que permitió reducir de manera sostenida la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, sin embargo, indicó, la experiencia reciente de la pandemia, los ajustes presupuestales, la reorganización de servicios de salud y la presencia de información confusa en redes sociales han tenido un impacto acumulativo en los sistemas de prevención, particularmente en el ámbito de la vacunación.
Casillas Martínez remarcó que el aumento en los casos de enfermedades prevenibles recuerda que la prevención debe ocupar un lugar central en la política pública de salud. En ese sentido, puntualizó que conviene retomar las buenas prácticas del pasado, ajustarlas al contexto actual y redoblar los esfuerzos para acercar los servicios de vacunación a todas las personas, sin importar su condición geográfica, social o económica.
“La vacunación es un derecho y también una responsabilidad colectiva; mantener su cobertura requiere” continuidad, planeación y confianza ciudadana”, finalizó la diputada.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.