El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma al Código Civil estatal, a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato;  y para crear la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecer medidas para que las personas acreedoras de alimentos los reciban y se generen mecanismos de inhibición para quienes evaden su responsabilidad alimentaria.

Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que Guanajuato se ha sumado y ha legislado para mejorar la calidad de vida de los acreedores alimentarios, sin embargo, en la entidad el Registro de Deudores Alimentarios ha mostrado deficiencias, particularmente en la realización de las anotaciones en los folios reales, omisión que ha generado una falta de seguimiento en los actos legales necesarios para proteger a los acreedores alimentarios.

Por lo anterior, precisó que la propuesta que busca modificar el tiempo para ser considerado como deudor alimentario moroso, pasando de noventa días a sesenta días, junto a adicionar que también pueda ser considerado como moroso a quien incumpla por tres meses o más de forma alternada su obligación de brindar alimentos.

“Se crea la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato, para organizar la administración del registro, establecer con claridad cuáles son las autoridades competentes y sus respectivas atribuciones, regular el procedimiento de inscripción en el registro, su cancelación, la emisión de certificados y los impedimentos derivados de estar inscrito en el registro”, dijo.

La legisladora manifestó que la iniciativa tiene como finalidad evitar que las personas incumplan con sus obligaciones alimentarias y concentrar la información de personas deudoras alimentarias morosas, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, Pedroza Orozco mencionó que la propuesta incluye que sea la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado sea la institución encargada de vigilar el correcto funcionamiento del registro y que se amplíen las restricciones para las personas deudoras como lo es el no ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público; poder obtener licencias y permisos de conducir; participar en candidaturas a cargos de elección popular o como aspirantes a cargos de titulares de juzgados, magistraturas y consejerías del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y participar como persona proveedora del Estado de Guanajuato y sus municipios, entre otros aspectos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.