El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que instruya a las autoridades competentes y a las concesionarias de carreteras y autopistas estatales, a fin de que establezcan convenios de colaboración para que eliminen el cobro de peaje para los vehículos destinados a la atención de emergencias, especialmente ambulancias públicas y privadas.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rodrigo González Zaragoza expresó que el derecho a la salud en Guanajuato se enfrenta a desafíos significativos, especialmente en contextos de emergencia donde la atención médica oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, junto a que el fortalecimiento de servicios de ambulancias es esencial para mejorar la vida de la ciudadanía.
El legislador refirió que la implementación de servicios de ambulancias en todos los municipios de Guanajuato busca reducir la mortalidad y morbilidad asociadas a eventos críticos, fortalecer la confianza en las instituciones de salud y promover la equidad en el acceso a servicios médicos de urgencia, pero que dicho servicio se enfrenta a la desventaja del cobro de peaje en autopistas de cuota cuando existe la necesidad de trasladar pacientes a otras clínicas de ciudades aledañas de manera urgente.
“La garantía del derecho a la salud en Guanajuato requiere acciones concretas para mejorar la atención médica de urgencias. La obligatoriedad de los ayuntamientos en la prestación de servicios de ambulancias representa un paso significativo hacia la equidad y la protección de la vida de los ciudadanos. Es imperativo que se asignen los recursos necesarios y se establezcan mecanismos de coordinación para asegurar la efectividad de esta medida.”, dijo.
El diputado agregó que el libre tránsito de las ambulancias por las carreteras es una necesidad crítica desde el punto de vista ético, legal y operativo, toda vez que estos vehículos cumplen una función esencial en la protección de la vida y la salud de las personas, actuando con carácter de urgencia en situaciones donde cada segundo cuenta.
Finalmente, González Zaragoza afirmó que, obstaculizar su desplazamiento mediante cobros o demoras compromete la eficiencia del sistema de atención prehospitalaria y puede derivar en consecuencias irreversibles.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, para su estudio y dictamen.