El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formularon un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que, en observancia al principio de Parlamento Abierto, se garantice un proceso legislativo amplio, plural e incluyente en torno a la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Se precisa que, dicho proceso deberá asegurar la incorporación sustantiva de las distintas posturas expresadas durante el desarrollo del ejercicio participativo, integrando, con objetividad y rigor técnico, la diversidad de perspectivas, incluidas aquellas que han señalado ambigüedades, insuficiencias normativas y riesgos para el orden constitucional.
Asimismo, se solicita que el proceso de dictaminación considere de manera integral y sistemática los argumentos, visiones y análisis compartidos en el marco del Parlamento Abierto, a fin de garantizar que la reforma se sustente en principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales, y que su contenido normativo sea coherente con los estándares constitucionales e internacionales aplicables en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales, derechos digitales y derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la congresista Susana Bermúdez Cano destacó que se ha manifestado una seria inquietud ante la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ello ante lo que se configura como una tentativa de concentración de facultades sustantivas en materia digital y de comunicaciones bajo la órbita exclusiva del Ejecutivo Federal, sin los contrapesos institucionales que exige el principio de división de poderes.
Indicó que esa reconfiguración normativa amenaza con transmutar el derecho a la información en un instrumento de propaganda gubernamental. Agregó que persiste preocupación por disposiciones que permiten facultades amplias a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sin delimitaciones legales claras, y subrayó que, cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar sujeta a un control judicial estricto, sustentado en la legalidad.
También comentó que preocupa que no se delimite con precisión el alcance de las disposiciones aplicables a los servicios digitales, ni se establezcan con claridad los criterios que distingan entre los distintos tipos de plataformas tecnológicas involucradas en el ecosistema digital.
Refirió que la iniciativa prevé que la Agencia tenga la facultad de expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio y será de observancia obligatoria, por lo que prevé retomar un registro similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.
“Nuevamente, se deja a la discrecionalidad de la dependencia definir qué autoridades podrán acceder a esta información y bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas, lo cual debería definirse desde la ley”, enfatizó Bermúdez Cano.
La legisladora hizo un llamado para que el Congreso de la Unión considere una discusión más amplia e incluyente antes de aprobar la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de corregir y subsanar las disposiciones que aún vulneran principios constitucionales y estándares internacionales.
Finalmente, subrayó que, los términos actuales de la ley conllevan riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, por lo que el Congreso debe actuar con responsabilidad para aprobar una iniciativa que respete y garantice los derechos humanos de las y los mexicanos.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.