Este día, el grupo parlamentario del Partido MORENA formuló un punto de acuerdo para girar un exhorto al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, con el objetivo de que instruya a realizar las pruebas periciales pertinentes para determinar si en los casos de suicidios y muertes accidentales de mujeres existía violencia física, psicológica, económica o de cualquier otro tipo que pudiera haber ocasionado el deceso; de igual manera, para documentar y sistematizar dichas pruebas, a fin de esclarecer el feminicidio correspondiente en su caso.
Asimismo, para que la fiscalía estatal actúe con diligencia y sin dilación alguna en la investigación de las muertes violentas de mujeres en Guanajuato.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández comentó que, en la entidad, los estereotipos de género continúan estando presentes, lo cual sumado a la ola generalizada de inseguridad y violencia que se vive en el estado ha propiciado que aumente la vulnerabilidad de las mujeres y el número de delitos cometidos contra ellas.
“Este contexto violento y misógino que enfrentan las mujeres se agrava por la impunidad y disimulo que existe en torno a todas las muertes violentas; lo anterior debido a que los agresores se sienten protegidos por la sociedad y por un sistema de justicia que por acción u omisión les permite cometer estos delitos sin recibir castigo”, argumentó.
La congresista apuntó que resulta indispensable que la Fiscalía del Estado asuma la responsabilidad de esclarecer todas las muertes violentas de mujeres en Guanajuato y dilucidar si existieron razones de género detrás de ellas, lo cual implica llevar a cabo diligencias específicas de cuidado y recolección de indicios, pruebas, cuidado de la escena del crimen, interrogatorios, cadenas de custodia y muchas otras que les permitan encontrar la verdad detrás de cada muerte.
Alcaraz Hernández recordó casos como el de Mariana Lima Buendía y el de Lesvy Berlín Osorio, asesinadas por sus parejas sentimentales, quienes además de quitarles la vida intentaron hacer creer que ambas se habían suicidado. Sin embargo, gracias a las pruebas e indagatorias que sus familias realizaron de forma particular, lograron demostrar que estas muertes eran en realidad feminicidios encubiertos y que ambas mujeres eran víctimas de violencia física y psicológica.
Finalmente, manifestó que la observancia de los principios de perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas de mujeres es un deber que deben atender todas las autoridades, para lo cual requieren actuar con la dedicación suficiente a fin de esclarecer los actos.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia.