El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional formuló un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), precise y transparente cuáles son las causas de fuerza mayor por las que se cancelaron las licitaciones destinadas al mantenimiento y conservación de las carreteras y se reservaron los recursos del Programa Presupuestario K-032 “Reconstrucción y Conservación de Carreteras” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, informando a qué rubros programáticos fueron reasignados dichos recursos.
Al leer las consideraciones del documento, el congresista Aldo Márquez Becerra comentó que el pasado mes de febrero de 2024, se hizo público que por órdenes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales se cancelaba para el presente año 2024.
Agregó que la SHCP decidió reservar por causas de fuerza mayor 11 mil millones de pesos que fueron autorizados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, para dicho fin, recurso que será reasignado a otros gastos y rubros del gobierno federal, sin darse a conocer su nuevo destino.
El legislador manifestó que la cancelación de ese programa implica en términos llanos que la red carretera federal comprendida de 42 mil kilómetros de vías libres de peaje, quedaran sin las obras de señalización, reencarpetado, bacheo, barras de protección, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, barras de protección y revisión de puentes, mantenimiento que sin duda alguna es de vital importancia a fin de garantizar el derecho humano a la movilidad y seguridad vial.
Asimismo, argumentó que el impacto económico de la cancelación de las licitaciones que ya se tenían se estima en 171 millones de pesos, sin contar que el mal estado de la red carretera incrementa los costos del transporte, reduce la eficacia logística, afecta la seguridad vial, disminuye la atracción de inversiones, entre otras cosas.
Finalmente, subrayó que era indispensable se precisaran y transparentaran las causas de fuerza mayor que obligaron a llevar a cabo las citadas licitaciones y el destino de los recursos previamente asignados para ello.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.