Las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Dessire Angel Rocha presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Dra. Claudia Susana Gómez López, rectora Universidad de Guanajuato para que dicha institución deje de criminalizar a las y los estudiantes que participaron en las manifestaciones que tuvieron lugar en sus instalaciones del 11 de septiembre al 3 de octubre del 2023, así como para que impulse prácticas democráticas que promuevan el diálogo y el respeto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico y derechos de la comunidad estudiantil.
Al fiscal general, a fin de que la investigación de los delitos por daños por los que se acusa a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato se realice observando el debido proceso, con legalidad y respeto a sus derechos humanos; y al secretario de gobierno para que, a través de la Defensoría Pública, haga efectiva la garantía de una adecuada defensa a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato acusados presuntamente por el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, derivado de su participación en las manifestaciones citadas.
Rocha Aguilar se refirió a las notas periodísticas en donde se dio a conocer que la Fiscalía en Delitos de Alto Impacto abrió una carpeta de investigación contra de Rodrigo, Desiree, Frida, Alonso, Valeria, Armando e Ignacio, todos alumnos de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato por el delito de “Daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico”.
Apuntó que se está ante una situación muy preocupante, que refleja la manera en la que en Guanajuato se sigue criminalizando a quienes piensan distinto, a quienes no están de acuerdo y a quienes cuestionan. En este caso, dijo, la acción es contra los estudiantes de la máxima casa de estudios que manifestaron su inconformidad con ciertas decisiones y procesos que hace unos meses se estaban llevando a cabo por parte de las autoridades universitarias.
La congresista manifestó que se citan diversas irregularidades en el proceso de investigación por parte de la Fiscalía, que no sólo estarían violando el debido proceso, sino también obstaculizando su derecho a una defensa adecuada.
Finalmente, agregó que no era la primera vez que se criminalizaba a los estudiantes de dicha casa de estudios y subrayó que los esfuerzos que están haciendo para investigar y criminalizar estudiantes, deberían estar concentrados en atender las demandas de la comunidad universitaria e investigar las distintas denuncias que existen.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su dictaminación.