El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato para agregar como requisito para inscribirse en el Padrón de Proveedores en el Estado la georreferenciación de los domicilios de las sociedades o asociaciones o personas físicas solicitantes, así como elementos por medios de fotografías o cualquier otro medio que permita identificar el interior, exterior de la empresa, negociación o establecimiento en donde lleve a cabo sus actividades.
El diputado César Larrondo Díaz refirió que la pandemia provocada por el SARS- COV2 cambió hábitos y formas de trabajo, y ahora el uso de plataformas digitales eran una tarea habitual, para cubrir necesidades que van desde la alimentación, transporte y adquisición de productos comerciales.
Agregó que expresiones como geolocalización y georreferenciación, cada vez son más comunes en la vida diaria. En ese sentido, precisó que la geolocalización es una tecnología que utilizaba datos obtenidos de la computadora o dispositivo móvil de un individuo para identificar o describir su ubicación física real; mientras que la georreferenciación, es la ubicación de un punto concreto sobre la superficie terrestre, una técnica de procesamiento espacial que utiliza las coordenadas de mapa para determinar una localización geográfica única en el espacio.
“Con la georreferenciación, tenemos una reducción de los errores o distorsiones geométricas que ello implica, sirve para ofrecer ubicaciones lo más preciso posible. Es decir, que la georreferenciación puede dar respuesta tanto para empresas privadas, ciudadanos y la administración pública para tener información de calidad sobre una zona determinada”, precisó Larrondo Díaz.
El congresista añadió que el uso de los datos o base de datos georrefenciados permite reducir los errores de ubicación, brinda una precisión fidedigna y poco viable de poder tener alternaciones, y que eran herramientas de gran utilidad para contar con padrones transparentes que ayuden a inhibir cualquier intento de simulación o conductas lesivas por quienes lo integran o quienes proporcionan sus datos.
Finalmente, manifestó que dichas conductas se podían contrarrestar si al Padrón de Proveedores del Gobierno Estatal se le incorpora dicha herramienta, al integrar el requisito de una georreferenciación, con el objetivo de fortalecer la transparencia proactiva.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.